TRIBUNAL DE CUENTAS. Informe nº 1261/2017, de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación

INFORME nº 1261/2017, DE 21 DE DICIEMBRE,  DE FISCALIZACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2015, CON ESPECIAL ATENCIÓN A ENTIDADES CON INCUMPLIMIENTOS REITERADOS DE DICHA OBLIGACIÓN

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación”. Esta fiscalización se enmarca en el conjunto de acciones que el Tribunal de Cuentas viene desarrollando en aras a potenciar el pleno cumplimiento de deber de rendición de cuentas por parte de las entidades locales. Con ella, la Institución pretende contribuir a remover los obstáculos estructurales, organizativos, así como las prácticas de gestión que originan el incumplimiento.

Entre sus principales objetivos, la fiscalización tiene los de: analizar el nivel de cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales por parte las referidas entidades, identificando las causas que ocasionan el incumplimiento del citado deber; examinar la observancia de los plazos previstos en la normativa para la aprobación del presupuesto y para la formación, aprobación y rendición de la cuenta general de las entidades locales; verificar el sistema de información contable de las entidades locales que no han cumplido con la obligación de rendir cuentas; y evaluar la coherencia e integridad de la información contable de estas entidades.

La fiscalización se ha abordado desde una doble perspectiva: una de carácter general, centrada en el examen de la estructura del sector público y en el cumplimiento de la obligación de rendición de las entidades locales; y otra específica, dirigida al desarrollo de actuaciones fiscalizadoras sobre una muestra de entidades locales que vienen incumpliendo dicha obligación de forma reiterada. Esta muestra viene constituida por las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes del territorio nacional que, a 31 de diciembre de 2016, no habían rendido las cuentas correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015; esto es, por 63 entidades.

– De los resultados de la fiscalización, el Informe recoge una serie de CONCLUSIONES, entre las que destacan las siguientes:

1º. En relación con el censo de las entidades locales, el Informe señala que, a finales de 2015, el sector público local estaba integrado por 12.968 entidades. De ellas, un 63% eran ayuntamientos; de ellos, el 84% tenía una población igual o inferior a 5.000 habitantes y, únicamente, el 2% tenía una población superior a 50.000 habitantes, representando el 53% de la población.

La disminución de las entidades locales en el periodo 2011-2015 es apenas apreciable, no alcanzando el 0,5% del total de las mismas, por lo que no ha afectado en la práctica a la estructura del sector público local.

2º. En relación con el cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales de las entidades locales, entidades dependientes y adscritas:

–       El 56% de las entidades locales rindieron la cuenta general del ejercicio 2015 en el plazo legalmente establecido, porcentaje inferior al registrado en 2014, cifrado en un 62%. Los niveles de rendición en plazo más bajos correspondieron a los cabildos y consejos insulares (10%), agrupaciones de municipios (15%), mancomunidades (40%) y Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) (49%).

–       A 31 de diciembre de 2016, es decir, transcurridos dos meses y medio desde la finalización del plazo legal de rendición de la cuenta de 2015, el nivel de rendición fue del 73%, frente al 76% alcanzado para el ejercicio 2014. Esto supone un cambio de la tendencia al alza que venía produciéndose hasta el ejercicio 2013.

Por tipo de entidad, a la fecha indicada de diciembre de 2016, habían rendido la cuenta de 2015, el 78% de los ayuntamientos, el 92% de las diputaciones provinciales y el 60% de los cabildos y consejos insulares. Los menores porcentajes de rendición seguía correspondiendo a las EATIM (67%), las mancomunidades (53%) y a las agrupaciones de municipios (23%).

–       Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre de 2016, afectaba a las entidades locales de Andalucía, con un 34%. Le siguen a distancia las entidades locales de Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Cantabria, con unos niveles del 62%, 63% y 65%, respectivamente. El único nivel de rendición superior al 90% se alcanzó en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón (93%), y, por encima del 80%, se encontraban las de la Comunitat Valenciana (88%), La Rioja (88%), Principado de Asturias (87%), Galicia (86%), Cataluña (83%), Comunidad de Madrid (82%) y Canarias (81%).

–       El mayor incremento en el porcentaje de rendición de las cuentas de 2015, respecto de 2014, se produjo entre las entidades locales de Aragón, ocasionado por la aprobación en el ejercicio de la Ley autonómica de Subvenciones, que condicionó la concesión de estas a las entidades locales al cumplimiento de la obligación de rendir sus cuentas.

La efectividad de este tipo de medidas se revela en el impacto inmediato que tienen en modo de incremento de los índices de rendición cuando se aplican tales disposiciones. A 31 de diciembre de 2016, se encontraban sin rendir 4.803 cuentas generales relativas a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, correspondiendo el 50% a ayuntamientos, un 30% a EATIM, y el resto a mancomunidades (20%). En el Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales desarrollado por el Tribunal de Cuentas (www.rendiciondecuentas.es) se publica la relación de entidades locales que no han rendido la cuenta general de los ejercicios 2014, 2015 y/o 2016.

–       De las 63 entidades de la muestra que no habían rendido la cuenta general del ejercicio 2015, destaca el hecho de que la mayor parte de ellas tenía la cuenta sin formar. De las entidades dependientes y consorcios adscritos a aquellas, el 34% no habían formado sus cuentas anuales de 2015.

–       Entre los motivos de dicho incumplimiento señalados por las entidades de la muestra destacan: la falta de dotación de recursos humanos y acumulación de tareas en el Área de Intervención (44%); la omisión de la aprobación de las cuentas anuales de las entidades dependientes (13%), incidencias de tipo informático (10%), y la falta de información para la elaboración de la cuenta general (6%).

3º. En relación al cumplimiento de los plazos para la aprobación y liquidación del presupuesto y de la tramitación de la Cuenta General: De las 8.516 entidades que rindieron las cuentas de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, aprobaron el presupuesto el 99% de las mismas; si bien sólo en el caso de un 34% de ellas dicha aprobación se produjo antes de comenzar el ejercicio al que se refiere.

La tendencia a la aprobación del presupuesto en plazo es creciente en los últimos ejercicios, pero aún resulta muy insuficiente para garantizar una adecuada planificación de la actividad económica y financiera de las entidades locales. Entre las entidades de la muestra, el 94% comenzaron el ejercicio 2016 con presupuestos prorrogados.

4º. En relación con el sistema de información contable, su correlación con el sistema de control interno y otros sistemas de información de las entidades analizadas.

–       El sistema de información contable permite, en la mayoría de las entidades locales de la muestra (78%), el desarrollo de la función interventora. Sin embargo, en la mayoría de ellas (60%), no les permite efectuar actuaciones de control financiero y, en el 80% de las que sí lo permiten, no se ha llevado a cabo dicho control durante 2015.

–      Todas las entidades de la muestra cuentan en la actualidad con un punto general de entrada de factura electrónica, lo que ofrece una automatización y seguridad al procedimiento de entrada y tramitación de las facturas. A pesar de ello, los registros administrativos de dichas entidades, a través de los que se reciben las facturas, no se encontraban conectados con el registro contable, aspecto que incrementa el riesgo de deficiencias, errores y retrasos en la anotación de las facturas en el registro contable.

–       Con carácter general, en las entidades locales fiscalizadas no existe una instrucción reguladora de las operaciones de cierre del ejercicio, herramienta fundamental para asegurar una adecuada aplicación de los principios de anualidad presupuestaria y de devengo en el registro contable.

–      Tampoco contaban las referidas entidades con normas aprobadas para el desarrollo de las funciones contables, lo que puede afectar al contenido de las cuentas anuales, ya que va en detrimento del adecuado registro en el sistema de información contable de todas las operaciones, así como de la aplicación homogénea de los criterios a seguir en el marco conceptual de la contabilidad pública.

5º. Respecto al cumplimiento de las obligaciones de información previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el 27% de las entidades locales fiscalizadas, además de no rendir cuentas, no habían remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública la información correspondiente al cuarto trimestre del 2015, por lo que su sistema de información contable no ha podido generar la información necesaria para verificar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo que constituye una debilidad.

6º. En relación con el análisis de la integridad y coherencia de las cuentas anuales de las entidades locales de la muestra, ejercicio 2015, la fiscalización señala que, en términos generales, las entidades locales de la muestra contaron con un grado de integridad de la información contable elevado. Por tanto, la falta de rendición de la cuenta general de las entidades locales no se deriva de la falta de capacidad del sistema de información contable para generarlas.

– El Informe recoge una serie de RECOMENDACIONES con el objetivo de contribuir a la mejora de la rendición de las cuentas generales de las entidades locales y de remover los obstáculos en las estructuras, organización, gestión y control de aquellas que la dificultan o la ralentizan, así como para fortalecer la interiorización de la cultura de la rendición. En ellas, se aboga por:

  • Homogeneizar, en las normativas estatal y autonómica, los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional y la reducción de los mismos.
  • Fortalecer las medidas legislativas encaminadas a fomentar el cumplimiento en plazo de la rendición de las cuentas generales, contemplando en las mismas consecuencias efectivas de inmediata y directa aplicación para el caso de incumplirse. Entre estas medidas se destaca, por su efectividad, el establecimiento, con carácter general, de la rendición de cuentas en plazo como requisito indispensable para acceder a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.
  • Incrementar los importes de las multas coercitivas, contempladas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que podrán imponerse en el caso de incumplimiento del deber de rendición de cuentas, lo que fortalecería su efectividad.
  • Reforzar la capacidad y los medios de las Intervenciones locales para el ejercicio de sus funciones encaminadas a la formación de la cuenta general de las entidades locales, facilitando así su rendición en plazo.

– Ver informe: TCuentas.Informe 1261-2017.Rendición Cuentas. Ent Locales 2015

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