La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha anulado la condena de cuatro años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Zaragoza al empresario Agapito Iglesias, al gerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) Ricardo García Becerril y al exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y exconsejero delegado de PLAZA Carlos Escó, por un delito de malversación de caudales públicos por valor de 8,7 millones de euros al no apreciar ánimo de lucro ilícito o propósito apropiativo de los fondos públicos de PLAZA por parte de los acusados.

En contra de lo sostenido por los recurrentes, el Tribunal entiende que es “patente” que los fondos de PLAZA eran de naturaleza pública, como ha establecido el reciente acuerdo del Pleno de la Sala II del Supremo sobre empresas de capital mixto, así como la Ley de Régimen Jurídico del Sector Publico de 2015. Sin embargo, para considerar cometido el delito de malversación de dichos fondos públicos deben concurrir otros elementos, como el ánimo de lucro o el propósito apropiativo.

En el presente caso, entiende el Tribunal que no se ha acreditado que los acusados desarrollaran la conducta de apropiarse de los fondos o de administración desleal que exige este tipo penal, ha informado el Alto Tribunal en una nota de prensa.

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