La investigación llevada a cabo por El Independiente, que ha estudiado la utilización de esta figura legal basándose en los datos accesibles desde la Plataforma de Contratación del Estado -donde los contratos menores deben publicarse trimestralmente tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia en el año 2013-, ofrece una fotografía clara sobre el uso y abuso de este tipo de contratación en la Administración Central.
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