El Gobierno remitió al Parlamento el pasado 2 de diciembre el Proyecto de nueva Ley de contratos del Sector Público. Una norma esencial para el funcionamiento administrativo y que supondrá la transposición de las Directivas europeas de contratos al ordenamiento español, concretamente, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Cuando entre en vigor, se solucionará el problema del retraso que lleva nuestro país desde febrero del año pasado. Un retraso que no puede servir hoy de excusa para obligar a una tramitación acelerada de la reforma, teniendo en cuenta su importancia cualitativa.

El prolijo texto que ha presentado el Gobierno tiene algunos aspectos importantes que debieran ser objeto de revisión.

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