La recomendación amplía a dos años el plazo para corregir la situación, eludiendo imponer a nuestro país una sanción por el incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Además de ciertas medidas de índole fiscal para reducir el déficit, se propone una reforma cualitativa de su normativa sobre contratación pública. El artículo 1.6 de la Decisión del Consejo dispone literalmente lo siguiente: “España debe establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de competencia. Dicho marco debe incluir mecanismos de control a priori y a posteriori adecuados para la contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la legislación.”

 – Más información: http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.1060/relmenu.2/chk.2b22df539f80f9cebc8d96ef05cd1f09