La concesión que habilita el suministro del agua a los hogares de 2,9 millones de catalanes —entre ellos los habitantes de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Badalona— es nula. Así lo considera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ve “motivos de anulación por vicios en el proceso de contratación” durante la constitución en noviembre de 2012 de una empresa mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona y Agbar, operadora privada que pasó a controlar el 85% de la sociedad. El fallo censura que la corporación metropolitana, entonces cogobernada por CiU y el PSC, decidiera crear la sociedad asumiendo como único socio posible a Agbar, sin publicidad, y asignarle directamente el suministro de los hogares de 23 municipios barceloneses.

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