EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LOS PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS, PLANES DE REEQUILIBRIO Y PLANES DE AJUSTE PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, Y CON LA GESTIÓN DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

• En la fiscalización se pone de manifiesto que la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) ha supuesto un importante avance en la senda de la estabilidad presupuestaria y que los instrumentos previstos en la citada Ley han encauzado eficazmente, bajo la supervisión del MINHAP, los considerables esfuerzos realizado por las CC.AA para reducir un 67% su déficit conjunto, reducir su morosidad en el pago a proveedores (del estimado de 141 días en 2012 a 55 días en febrero de 2015) y reformar el sector público autonómico (reducción que alcanza el 35% del sector público autonómico).

• No obstante, resulta destacable la demora en la formulación, aprobación y, consecuentemente, en el seguimiento de los Planes Económicos-Financieros (PEF) y Planes de Reequilibrio (PEFR) que deben elaborar las CC.AA. que incumplen los objetivos de estabilidad, endeudamiento o la regla de gasto.

• Asimismo, el informe señala que las CC.AA no aplican, con el suficiente rigor, sus obligaciones de autocontrol y respuesta inmediata para adaptarse a la evolución de la situación económica, sin que, por parte del MINHAP, se hayan aplicado las medidas correctoras previstas en la LOEPSF para el caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad. Debe destacarse que, en 2014, se ha observado un cierto empeoramiento en la consecución de los objetivos de déficit por parte de las CC.AA.

• También se advierte el crecimiento del endeudamiento de las CC.AA., que alcanzó el 22,4% del PIB a final de 2014, lo que compromete el cumplimiento del objetivo conjunto del 13% del PIB nacional al final del plazo transitorio, en el año 2020, si no se aplican las previsiones legales que establece la LOEPSF para su reducción en momentos de crecimiento del PIB.

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas en relación con los planes económico-financieros, planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y con la gestión del plan de pago a proveedores”.

Los objetivos generales de la fiscalización han sido verificar la tramitación y ejecución de los planes económico-financieros y de los planes de ajuste elaborados por las CCAA en aplicación de las previsiones de Ley Orgánica 2/2012, de 4 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Uno de los aspectos más destacables de la fiscalización es que ofrece una panorámica dinámica y amplia, tanto desde el punto de vista temporal como subjetivo y de la materia analizada, lo que supone un importante valor añadido de este documento respecto a otros informes del Ministerio, de la IGAE, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o de las propias CC.AA., de carácter más estático.

En cuanto al ámbito temporal, la fiscalización permite una visión general de la situación existente y de las actuaciones desarrolladas por las CC.AA. para alcanzar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, desde el año 2012 hasta mayo de 2015. La fiscalización abarca, por tanto, un período lo suficientemente amplio como para analizar los efectos de la aplicación de la LOEPSF desde su entrada en vigor.

También desde el punto de vista subjetivo y de la materia fiscalizada se ofrece una visión muy amplia, abarcando la totalidad de las CC.AA., así como de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y la práctica totalidad de las cuestiones que contempla la LOEPSF: evolución de los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto; planes económico-financieros y su seguimiento; mecanismos adicionales de financiación de las CC.AA. y condicionalidad fiscal correspondiente, plasmada en planes de ajuste; resultados en cuanto a la reducción de la morosidad de las AAPP en el pago a proveedores, en cuanto a la reordenación del sector público y reformas estructurales, etc. Relacionado con todo ello, se analiza la coordinación entre las CCAA. y el MINHAP, el intercambio mutuo de información y su transparencia y publicidad.

Los resultados más destacables de la fiscalización, además de los ya adelantados, son los siguientes:

• Hasta marzo de 2015 el Estado ha puesto a disposición de las CC.AA, a través del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) y del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), 93.103 millones de euros, de los que Cataluña (34,2%), Comunidad Valenciana (22%) y Andalucía (17,6%) han absorbido prácticamente el 75% del total. Excepto las Comunidades Autónomas de Galicia, Navarra y el País Vasco y la Ciudad Autónoma de Melilla, todas las Comunidades han accedido a financiación a través de alguno de los citados mecanismos.

• Si bien se destaca el considerable esfuerzo realizado por la práctica totalidad de las CC.AA. para reducir el déficit, particularmente las de Castilla-La Mancha y Andalucía, que han reducido su déficit alcanzado en 2011 en más de un 80%, así como la buena gestión de las CC.AA. de Canarias, Galicia, Comunidad de Madrid, La Rioja, País Vasco, Castilla y León y Principado de Asturias, en general, el ejercicio 2014 ha supuesto una interrupción de la continua reducción del déficit desde 2012, pues en el conjunto de las CC.AA. se ha pasado de un déficit del 1,52% del PIB, en 2013, al déficit del 1,66% en 2014, lo que resulta incongruente con el objetivo de reducción del déficit también en este último ejercicio. De esta manera, en 2014 todas las CC.AA., excepto Galicia, Canarias y Navarra, han incumplido el objetivo de estabilidad, de deuda o la regla de gasto.

• Los planes de ajuste derivados de la adhesión al FFPP o al FLA incluyeron básicamente medidas relacionadas con las condiciones de seguimiento, remisión de la información, reordenación de su sector público autonómico, reducción de los periodos de pago de la deuda comercial y reformas estructurales, pero no incluyeron medidas de ajuste extraordinarias, lo que limita su eficacia.

• Se ha constatado un elevado grado de ejecución de los objetivos de reordenación del sector público autonómico, que ha alcanzado, en número de entes, el 35% de entidades del sector público autonómico al inicio del proceso, con un ahorro de 21.587 millones de euros para las CC.AA. y una reducción de personal de 53.544 efectivos.

• El periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones en el mes de febrero de 2015 se ha situado en 55,31 días. Dicho período, aunque supone una notable mejora, supera en 25,31 días al plazo máximo marcado en la normativa sobre morosidad.

• Las CC.AA. no disponen de la información necesaria que permita su análisis a efectos de verificar el cumplimiento de la regla de gasto, aplicable a partir de 2013, ni de una metodología y criterios uniformes para aplicarla, lo que impide también su adecuado seguimiento y fiscalización.

A tenor de todo ello, las principales recomendaciones a las CC.AA. que incluye el Informe son las siguientes:

• Teniendo en cuenta que el ejercicio 2014 ha supuesto una interrupción de la continua reducción del déficit desde 2012, las CC.AA. deben adoptar las medidas oportunas que ayuden a la consecución de los objetivos e impidan que se produzcan las desviaciones mencionadas, extremándose el control por parte del MINHAP. Asimismo debería plantearse, en caso de considerarse necesario, la inclusión en los planes de ajuste de medidas de ajuste extraordinarias.

• Tanto en los PEF y PEFR como en los planes de ajuste, deberían incluirse las medidas con la mayor precisión posible y realizar los mayores esfuerzos para que éstas sean mensurables y aparezcan cuantificadas de manera que se facilite el seguimiento y valoración económica del impacto de las medidas de corrección previstas.

• Las CCAA y, en su caso, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en coordinación con la IGAE, deberían avanzar en la normalización e implantación de los instrumentos apropiados para hacer posible la verificación  del cumplimiento de la regla de gasto y para la aplicación de los ajustes de Contabilidad Nacional. Asimismo, las CC.AA. deberían determinar, tanto en los PEF como en los planes de ajuste, las medidas con mayor precisión, para permitir un mejor seguimiento.

• Las CC.AA deberían incorporar a sus respectivas leyes de Hacienda Pública, en caso de no haberlo hecho con anterioridad, la regulación del Fondo de Contingencia, sujeto a una rigurosa determinación de los requisitos para su aplicación.

-Ver Informe: Tribunal Cuentas.Informe1106-2015.Planes ec-fin CCAA