TRIBUNAL DE CUENTAS. Informe 1108/2015. Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos. 2013

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS ORGÁNICAMENTE, EJERCICIO 2013.

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su reunión del día 23 de julio de 2015, ha aprobado el “Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2013”, realizado en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos.

El objetivo de este Informe es, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2007, la fiscalización de la legalidad de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y la regularidad contable de las actividades económico-financieras que realicen tales formaciones, así como la fiscalización de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con representación parlamentaria.

Por lo que se refiere a los partidos políticos, se han fiscalizado 32 formaciones en total, que han percibido, directa o indirectamente, algún tipo de subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento, recursos que fueron otorgados por el Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Todas las formaciones fiscalizadas presentaron sus cuentas anuales consolidadas ante el Tribunal de Cuentas, si bien cuatro de ellas lo hicieron fuera del plazo establecido legalmente. El contenido de la Memoria no siempre se ajustaba al previsto en la Ley, lo que no significa   que los partidos no facilitaran la información pertinente, durante las actuaciones fiscalizadoras.

El 67% de las formaciones políticas no presentaron el informe preceptivo relativo a los resultados de la revisión del sistema de control interno y, la mayor parte de los que lo hicieron, el informe se limitaba a certificar la representatividad de las cuentas presentadas, sin especificar el alcance de la revisión efectuada, ni las conclusiones y recomendaciones que de ella se derivaran.

También se han detectado deficiencias en los inventarios de varios de los partidos políticos, en el sentido de que no integran los bienes correspondientes a todas sus sedes territoriales, existiendo cuatro formaciones que carecían de este inventario.

El procedimiento fiscalizador ha quedado delimitado por la falta de integración, en varias de las formaciones, de la actividad económico-financiera correspondiente a la totalidad o a parte de la organización local e institucional. Con carácter general, se han integrado las cuentas de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, pero, en el caso de 11 formaciones en las cuentas no se han integrado las contabilidades de los grupos políticos de las Entidades Locales.

En 24 de las formaciones fiscalizadas, las cuentas anuales del ejercicio 2013 presentaban salvedades que afectaban a su representatividad. Asimismo, había seis formaciones políticas que, al cierre del ejercicio, presentaban un neto patrimonial negativo.

La financiación pública percibida por los partidos políticos, en el ejercicio 2013, ha supuesto un total de 216,7 millones de euros, según resulta de las comunicaciones remitidas por las Instituciones otorgantes a las que el Tribunal de Cuentas les ha solicitado información (entre las que no se incluyen los ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes). Los recursos privados contabilizados por cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes han ascendido a 42,8 millones de euros y las donaciones recibidas a 5,9 millones.

La deuda contabilizada por los partidos políticos mantenida con entidades de crédito, a finales del ejercicio 2013, ascendía a 205,7 millones de euros, de los que 127 millones corresponden a deudas con garantía hipotecaria.

Respecto a la legalidad de los recursos públicos y privados de las formaciones políticas, se han detectado incumplimientos de la prohibición de recibir donaciones anónimas en dos de los partidos fiscalizados, ya que recibieron  ingresos de donantes que no estaban identificados, si bien estas donaciones supusieron importes insignificantes. Existen otros incumplimientos relativos a: la ausencia de cuentas bancarias específicas para el ingreso, en exclusiva, de las cuotas y aportaciones de los afiliados, adheridos y simpatizantes; el ingreso de donaciones en cuentas no destinadas exclusivamente a recursos de esta naturaleza; y donaciones procedentes de personas jurídicas, sin que conste el acuerdo preceptivo del órgano social competente.

Por otra parte, algunas formaciones se encontraban obligadas a reintegrar los remanentes pendientes de aplicación de las subvenciones que fueron otorgadas para sufragar los gastos de seguridad; en otros casos, se ha verificado el incumplimiento de la prohibición legal de realizar pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros; asimismo, existían formaciones que continuaban manteniendo participaciones en sociedades mercantiles, estando prohibida la realización de cualquier actividad mercantil por los partidos políticos. Esto implica que deben revisar tales participaciones, de manera que se limiten a sociedades cuya gestión no esté dirigida a la obtención de lucro, y no se menoscabe la transparencia y el control de la actividad económico-financiera de los partidos.

En relación con las fundaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos, dado que no existe, en el periodo fiscalizado, una regulación sobre los criterios que delimiten dicha vinculación y al no haber entrado en vigor, en 2013, el Plan de Contabilidad adaptado a las formaciones políticas, se ha optado por fiscalizar las que fueron identificadas como vinculadas por las formaciones con representación en las Cortes Generales, ascendiendo a un total de 41 fundaciones objeto de fiscalización.

De estas, cinco fundaciones  no presentaron las respectivas cuentas del ejercicio 2013, argumentando que no habían percibido donaciones por la falta de actividad en dicho periodo. No obstante, otras fundaciones que no han tenido actividad durante el ejercicio han presentado cuentas.

Las donaciones percibidas por las fundaciones objeto de fiscalización han supuesto un total de 4,5 millones de euros y hay que destacar, según el informe, los siguientes incumplimientos de la Ley Orgánica 8/2007:

–        Donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias, al no existir cuentas específicas para tal fin, por importe de 130.750,28 euros.

–        Donaciones procedentes de personas jurídicas de las que no se ha dispuesto del correspondiente acuerdo del órgano social, por 25.000 euros.

–        Donaciones procedentes de personas jurídicas que debían haber sido objeto de notificación al Tribunal de Cuentas, por importe de 90.000 euros.

Por lo que se refiere a las recomendaciones del Informe relativas a las formaciones políticas, entre las que ya no figuran las señaladas en informes anteriores y que han sido subsanadas tras la modificación de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos realizada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, cabe destacar la necesidad de integrar en las cuentas consolidadas la información relativa a los grupos institucionales de los partidos políticos.

Asimismo, se considera necesario que el informe preceptivo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007 contenga una descripción detallada acerca del alcance de la revisión efectuada de los procedimientos de control interno, así como las principales conclusiones y recomendaciones que, en su caso, se deriven de la misma.

También se recomienda, a las formaciones que presentaban una situación patrimonial negativa al cierre del ejercicio, que ajusten sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial.

Finalmente, por lo que se refiere a las recomendaciones relativas a las fundaciones vinculadas orgánicamente a las formaciones políticas, el Informe sugiere, entre otras medidas, que se considere la posibilidad de acordar la extinción de las fundaciones que permanecían inactivas durante varios ejercicios, además de estimar necesario aplicar a las fundaciones y asociaciones vinculadas los mismos requisitos y limitaciones exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones.

– Ver Informe: http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/search/alfresco/index.html?entrance=FIS