Una de las 20 enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de Ley del Régimen jurídico del Sector Publico, prevé modificar el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con el fin de ampliar los supuestos de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.

El listado se amplía para impedir que la contratación de personas condenadas por terrorismo, constitución o integración de organización o grupo criminal, financiación ilegal de partidos, trata, corrupción en los negocios, prevaricación, blanqueo de capitales o delitos relativos a la ordenación del territorio, el urbanismo o la protección del patrimonio histórico.

También quedarán vetadas las empresas sancionadas en firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia o extranjería; o por infracciones muy graves en materia laboral.

Llama la atención la presentación de esta enmienda, precisamente, cuando se está trabajando en la adaptación del vigente Texto Refundido a las nuevas Directivas de contratación de 2014, cuy periodo de transposición finaliza el 18 de abril de 2016.

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