SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 13 de marzo de 2025 (Asunto C‑266/22)
« Procedimiento prejudicial — Adjudicación de contratos públicos en la Unión Europea — Directiva 2014/24/UE — Artículo 25 — Operadores económicos de terceros países que no hayan celebrado un acuerdo internacional con la Unión que garantice, de manera recíproca y por igual, el acceso a la contratación pública — Inexistencia de un derecho de estos operadores económicos a un “trato no menos favorable” — Exclusión de tal operador económico de un procedimiento de adjudicación de un contrato público en virtud de una normativa nacional — Competencia exclusiva de la Unión »
Mediante las cuestiones prejudiciales, que se examinan conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica, así como los artículos 18, apartado 1, en relación con los artículos 2, apartado 1, punto 13, y 49 de la Directiva 2014/24, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un operador económico de un tercer país que no ha celebrado con la Unión un acuerdo internacional de los mencionados en el artículo 25 de dicha Directiva sea excluido de un procedimiento de adjudicación de un contrato público organizado en un Estado miembro, en virtud de una normativa nacional que entró en vigor después de la publicación del anuncio de licitación, pero antes de que dicho operador económico hubiera presentado su oferta.
Como cuestión preliminar, el TJ sostiene que el examen de la cuestión planteada se realizará a la luz del artículo 25 de la Directiva 2014/24, pero deberá considerarse realizado, asimismo, a la luz del artículo 43 de la Directiva 2014/25 en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente decida que el procedimiento de adjudicación del contrato público de que se trata en el litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación de esta última Directiva.
Sobre el fondo del asunto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara que:
“El artículo 3 TFUE, apartado 1, letra e), que confiere a la Unión una competencia exclusiva en materia de política comercial común, en relación con el artículo 2 TFUE, apartado 1,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que, a falta de un acto de la Unión que imponga o prohíba el acceso a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de los operadores económicos de un tercer país que no haya celebrado con la Unión un acuerdo internacional de los mencionados en el artículo 25 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, una entidad adjudicadora de un Estado miembro excluya a un operador económico de tal tercer país en virtud de un acto legislativo adoptado por ese Estado miembro sin que haya sido facultado para ello por la Unión, y es irrelevante a este respecto el hecho de que ese acto legislativo haya entrado en vigor después de la publicación del anuncio de licitación”.
– Ver sentencia: https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=296546&part=1&doclang=ES&text=&dir=&occ=first&cid=13666685

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