Decreto-ley 5/2024, de 21 de mayo, por el que se da cumplimiento a los Acuerdos de 30 de diciembre de 2022 y de 13 de febrero de 2024, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, y se modifican otras disposiciones normativas (BOJA de 27 de mayo de 2024).

    La Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas, dependiente de la Secretaría de Estado de Política Territorial, planteó una serie de discrepancias relacionadas con la constitucionalidad de determinados preceptos del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, que fueron tratadas en el seno del grupo de trabajo constituido en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con la citada norma.

    En este marco y de conformidad con las negociaciones celebradas por el referido grupo de trabajo, fue alcanzado el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril (publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 18, el 27 de enero de 2023), en virtud del cual ambas partes consideraron solventadas las discrepancias planteadas en razón del compromiso que asumía la Comunidad Autónoma de Andalucía de promover la modificación legislativa de tres preceptos del Decreto-ley objeto de controversia.

    Así, en virtud del procedimiento establecido en el artículo 33.2  de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en una dinámica de cooperación y lealtad institucional entre administraciones, una vez adoptado el acuerdo de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado a que antes se ha hecho alusión, resta ahora proceder a dar cumplimiento al compromiso de modificación legislativa asumido en el mismo, por lo que se procede a modificar los artículos 4, 5 y 9 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril de conformidad con la literalidad contemplada en tal acuerdo para dar nueva redacción a estos preceptos.

    Se modifica de este modo el apartado 1 del artículo 4 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, para contemplar de forma expresa que el régimen previsto en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo , solo será aplicable a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras públicas y a otros contratos no previstos en dicho Real Decreto-ley, siempre que así lo establezca la normativa básica en materia de contratación.

    También se modifica el artículo 5, relativo al reconocimiento de la revisión excepcional de precios, eliminando de su redacción la posibilidad de su aplicación a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de la obra pública y para adecuarlo, en lo que respecta a los materiales que sirven de base para el cálculo del impacto en la economía del contrato, a lo previsto en la norma estatal de referencia.

    Finalmente, se modifica el artículo el artículo 9 respetando, como en los dos artículos acabados de mencionar, el tenor literal de la redacción plasmada en el acuerdo de la Comisión Bilateral, con objeto de incluir expresamente en dicho precepto que la modificación de los materiales tomados en cuenta para la elaboración del proyecto que sirvió de base a la licitación, se podrá hacer siempre y cuando concurran las condiciones y se respeten los límites previstos en los artículos 203  y 205  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y se tramite de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 191 y 207.

    Además de lo anterior, en virtud del principio de seguridad jurídica, se introduce en el presente Decreto-ley una disposición transitoria, por la que se establece que los procedimientos de revisión excepcional de precios iniciados al amparo del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto-ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su iniciación.