STS, a 21 de marzo de 2024 – Roj: STS 1914/2024

    ECLI:ES:TS:2024:1914  Nº de Recurso: 6377/2020  Nº de Resolución: 513/2024 Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR

    RESUMEN: Necesidad de valoración caso por caso de la procedencia de la indemnización al contratista por los daños y perjuicios ocasionados por paralización de las obras debida a la tramitación y aprobación de una modificación contractual.

    La cuestión que en el presente recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar si la causa de resolución contractual por suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración, prevista en el artículo 220.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (actual artículo 245 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), opera de modo automático o si, por el contrario, para que entre en juego la misma, es requisito necesario la existencia de culpabilidad administrativa como origen de la causa que motivó la suspensión contractual.

    Considera la Sala que la causa de resolución del contrato de obras del artículo 220.c) de la LCSP de 2007 requiere la concurrencia de los requisitos de carácter objetivo de: a) la suspensión de las obras por más de ocho meses y b) que la suspensión haya sido acordada por la Administración, si bien la aplicación del precepto ha de ser casuística, con atención a las singulares circunstancias que haya rodeado la suspensión de la concreta obra de que se trate, entre ellas las relativas a quien fue imputable la paralización, dando de esta forma respuesta a la cuestión de interés casacional formulada por el auto de admisión.

    En este caso, sostiene el TS, que concurren las circunstancias objetivas del artículo 220.c) de la LCSP para la resolución del contrato de suspensión de las obras durante más de 8 meses acordada por la Administración, por lo que procede la estimación del primer motivo del recurso de casación e, igualmente, también debe acogerse el motivo segundo del recurso, pues no cabe considerar, como hace la sentencia impugnada, que la suspensión de las obras acordada por la Administración en este caso esté incluida en los riesgos que ha de asumir el contratista en virtud del principio de riesgo y ventura.

    En consecuencia, se acuerda la condena a la Administración a la liquidación del contrato como consecuencia lógica de su resolución y a indemnizar a la empresa recurrente por los daños y perjuicios irrogados.

    -Ver sentencia: https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/1e8cb831952a04aaa0a8778d75e36f0d/20240419