STS, a 07 de marzo de 2024 – ROJ: STS 1412/2024 ECLI:ES:TS:2024:1412  Sala de lo Contencioso  Nº de Resolución: 417/2024  Municipio: Madrid  Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO  Nº Recurso: 7852/2020

    RESUMEN: Contratos de obra. Tipo de interés aplicable a la mora de la Administración en el pago de certificaciones de obra.

    La Junta de Andalucía impugna en el presente recurso de casación la sentencia de 14 de septiembre de 2024 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (Sección Primera) en materia de intereses de mora devengados por el pago tardío de certificaciones de obra. La sentencia citada estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil Construcciones y Contratas reconociéndole el derecho a percibir los intereses reclamados por un importe de 12.063,64€, más los intereses contemplados en el artículo 1109 del Código Civil.

    La cuestión que presenta interés casacional consiste en aclarar si antes de la reforma operada por la DA 6ªde la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarias, el tipo de interés que la Administración debe abonar en los casos de demora al contratista es el pactado libremente entre las partes conforme el artículo 7.1 de la Ley 3/2004, y si el carácter abusivo de la cláusula pactada regulada en el artículo 9.1 de la Ley 3/2004 ha de ser probada para que opere la nulidad.

    El TS reitera como doctrina de interés casacional la expresada en el FJ 7ª de la sentencia de 21 de febrero de 2020 (RC 376/2018). Y, en virtud del principio de unidad de doctrina, mantiene que con anterioridad a la reforma operada en la Ley 3/2004 por la Ley 11/2013, de 26 de julio, la Administración podía pactar un interés distinto al fijado legalmente, pues la extensión mediante la citada reforma a las Administraciones públicas de la limitación existente hasta entonces para el resto de sujetos no es aplicable con carácter retroactivo. Lo cual lleva a la estimación del recurso de casación y a la desestimación del recurso contencioso administrativo de instancia, habida cuenta de la fecha en que se celebró y ejecutó el contrato litigioso.

    -Ver sentencia: https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e2a624f06329a84fa0a8778d75e36f0d/20240322