STJ 21/12/2023, DOBELES AUTOBUSU PARKS y otros, C-421/22 (ECLI:EU:C:2023:1028)

    «Procedimiento prejudicial — Transportes — Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera — Reglamento (CE) n.º 1370/2007 — Artículo 1, apartado 1 — Artículo 2 bis, apartado 2 — Artículo 3, apartado 1 — Artículo 4, apartado 1 — Artículo 6, apartado 1 — Contrato de servicio público de transporte de viajeros en autobús — Procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios — Licitación abierta, transparente y no discriminatoria — Pliego de condiciones — Importe de la compensación concedida por la autoridad nacional competente — Indexación limitada en el tiempo y a determinadas categorías de costes específicos — Distribución de los riesgos»

    Petición de decisión prejudicial presentada en el contexto de un litigio entre, por una parte, DOBELES AUTOBUSU PARKS SIA, CATA AS, VTU VALMIERA SIA, JELGAVAS AUTOBUSU PARKS SIA y Jēkabpils autobusu parks SIA, sociedades letonas que operan en el sector del transporte (en lo sucesivo, conjuntamente, «Dobeles y otros»), y, por otra parte, la Iepirkumu uzraudzības birojs (Oficina de Supervisión de la Contratación Pública, Letonia) y Autotransporta direkcija VSIA (en lo sucesivo, «órgano de contratación»), en relación con las modalidades de cálculo del importe de la compensación adeudada por la prestación del servicio público de transporte de viajeros en autobús en la red de rutas de importancia regional.

    Se cuestiona la legalidad del mecanismo de compensación del servicio público de transporte previsto en el pliego en cuya virtud los licitadores han de poder prever, en su oferta,  el precio del servicio propuesto para los diez años siguientes, precio que sirve para determinar, durante la vigencia del contrato, la compensación que debe pagarse a los operadores, sin que el citado contrato prevea un procedimiento de revisión del precio del servicio efectivo para el caso de que varíen los costes incluidos en dicho precio. En concreto, el Tribunal Supremo letón pregunta, en esencia, si el Reglamento n.º 1370/2007 debe interpretarse en el sentido de que se opone a un régimen de compensación que, en el marco de un contrato público de servicios y al término de un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio, no obliga a las autoridades nacionales competentes a compensar en su totalidad a un proveedor del servicio de transporte de viajeros sometido a obligaciones de servicio público, procediendo a una indexación periódica, por todo incremento de los costes relacionados con la gestión y la explotación de dicho servicio que quedan fuera de su control (y que, por lo tanto, no elimina por completo el riesgo de que este incurra en pérdidas que no puedan ser objeto de compensación).

    Al respecto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara que el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, debe interpretarse en el sentido de que “no se opone a un régimen de compensación que, en el marco de un contrato público de servicios y al término de un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio, no obliga a las autoridades nacionales competentes a compensar en su totalidad a un proveedor del servicio de transporte de viajeros sometido a obligaciones de servicio público, procediendo a una indexación periódica, por todo incremento de los costes relacionados con la gestión y la explotación de dicho servicio que quedan fuera de su control”.

    Entiende el TJ que todo prestador de servicios que decida participar en un procedimiento de licitación para ejecutar un contrato de servicio público determina él mismo los términos de su oferta, en función de todos los parámetros relevantes y, en particular, de la evolución probable de los costes —estén o no bajo su control— que puedan afectar a la prestación del servicio, con lo que de este modo define el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir en relación con esa evolución. Por consiguiente, cabe presumir, sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión que permiten a las autoridades nacionales excluir las ofertas anormalmente bajas, que su oferta podrá garantizarle, si es adjudicatario del contrato, una tasa de remuneración del capital empleado que se corresponda con el nivel de riesgo que corre.

    El Tribunal reconoce que la falta de indexación periódica de los costes derivados de la ejecución de una obligación de servicio público que quedan fuera de su control puede dar lugar a que el prestador de ese servicio público no sea compensado adecuadamente, en el sentido de que el importe de la compensación pueda resultar insuficiente, lo que podría afectar a su sostenibilidad financiera o a la calidad del servicio prestado, o incluso, ya en la fase de la licitación, reducir artificialmente el número de licitadores; si bien concluye que la ausencia de un mecanismo de indexación periódica de los costes no puede considerarse, por sí sola, constitutiva de violación del principio de proporcionalidad, pues entiende que “si una autoridad nacional competente contemplara, en un procedimiento de licitación, condiciones irrazonables o excesivas a la vista de los riesgos que deba asumir el prestador del servicio público de que se trate, sería poco probable que se le presentaran ofertas, de modo que dicha autoridad debería modificar esas condiciones para compatibilizarlas con el principio de proporcionalidad”.

    En el caso de autos, sostiene el TJ que no parece que el pliego de condiciones controvertido incluyera condiciones irrazonables o excesivas y, además, la vista puso de manifiesto que las autoridades nacionales competentes recibieron una centena de ofertas presentadas por empresas de transporte establecidas en varios Estados miembros, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente.

    Para añadir, acto seguido, que “la posibilidad de que un proveedor de tales servicios proponga un precio que conlleve el riesgo de verse imposibilitado para ejecutar el contrato debidamente es inherente a todos los procedimientos de licitación y puede, en función de las circunstancias del supuesto concreto, dar lugar a la aplicación, en su caso, de disposiciones del Derecho de la Unión que permiten a las autoridades nacionales excluir las ofertas anormalmente bajas. En cambio, tal posibilidad no justifica que se exija que los contratos de servicio público celebrados por las autoridades nacionales competentes, en el marco de un contrato público de servicios y al término de un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio, incluyan siempre un mecanismo de indexación periódica que permita compensar en su totalidad, de modo automático, todo incremento de los costes derivados de su ejecución, estén o no bajo el control del proveedor.

    -Ver sentencia:https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=280783&part=1&doclang=ES&text=&dir=&occ=first&cid=10461857