STJ 21/12/2023, Infraestruturas de Portugal y Futrifer Indústrias Ferroviárias, C-66/22 (ECLI:EU:C:2023:1016)

    «Procedimiento prejudicial — Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Directiva 2014/24/UE — Artículo 57, apartado 4, párrafo primero, letra d) — Contratación pública en el sector de los transportes — Directiva 2014/25/UE — Artículo 80, apartado 1 — Motivos de exclusión facultativos — Obligación de transposición — Celebración por un operador económico de acuerdos destinados a falsear la competencia — Competencia del poder adjudicador — Incidencia de una decisión anterior de una autoridad de defensa de la competencia — Principio de proporcionalidad — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela judicial efectiva — Principio de buena administración — Obligación de motivación»

    Petición de decisión prejudicial presentada en el contexto de un litigio entre, por una parte, Toscca — Equipamentos em Madeira Lda (en lo sucesivo, «Toscca») y, por otra, Infraestruturas de Portugal SA y Futrifer Indústrias Ferroviárias SA (en lo sucesivo, «Futrifer»), en relación con la decisión de Infraestruturas de Portugal de adjudicar a Futrifer un contrato público para la compra de estaquillas y traviesas de pino creosotadas. El conflicto que se plantea es la adecuación al Derecho europeo del artículo 55, apartado 1, letra f), del Código de Contratación Pública portugués, que condiciona la exclusión de un licitador por falta de fiabilidad debido a una infracción del Derecho de la competencia cometida al margen de un procedimiento de adjudicación de un contrato público a la existencia de una condena expresa de la Autoridad de Defensa de la Competencia que imponga a dicho licitador una sanción accesoria de prohibición de participación en procedimientos de adjudicación de contratos públicos durante un determinado período.

    El Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

    1)      El artículo 57, apartado 4, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que limita la posibilidad de excluir una oferta de un licitador cuando existan indicios serios de conductas de este que pueden falsear las normas sobre competencia en el procedimiento de adjudicación de un contrato público en cuyo marco se ha producido este tipo de conductas.

    2)      El artículo 57, apartado 4, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2014/24debe  interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que atribuye únicamente a la autoridad nacional de defensa de la competencia la facultad de decidir  sobre la exclusión de operadores económicos de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos por una infracción de las normas sobre competencia.

    3)      El artículo 57, apartado 4, párrafo primero, letra d), de la Directiva 2014/24, a la luz del principio general de buena administración, debe interpretarse en el sentido de que la decisión del poder adjudicador sobre la fiabilidad de un operador económico adoptada con arreglo al motivo de exclusión previsto en dicha disposición debe estar motivada.

    – Ver sentencia:https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=0&docid=280770&part=1&doclang=ES&text=&dir=&occ=first&cid=10108370