CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS presentadas el 7 de diciembre de 2023 (1)

    Asunto C547/22

    INGSTEEL spol. s. r. o.

    contra

    Úrad pre verejné obstarávanie

    [Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Bratislava II (Tribunal Comarcal de Bratislava II, Eslovaquia)]

    «Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Procedimientos de recurso — Directiva 89/665/CEE — Responsabilidad extracontractual de los Estados miembros — Recurso de indemnización por infracción del Derecho de la Unión interpuesto por un licitador descartado — Cuantificación — Lucro cesante — Pérdida de oportunidad»

    En 2013, la Slovenský futbalový zväz (Federación Eslovaca de Fútbol) publicó un anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato para la construcción, reestructuración y modernización de estadios de fútbol. INGSTEEL spol s.r.o. (en lo sucesivo, «Ingsteel»), una empresa que opera en el sector de la construcción, participó en dicho procedimiento de licitación. La Federación Eslovaca de Fútbol excluyó a Ingsteel del procedimiento por no cumplir los requisitos económicos y financieros indicados en la licitación. Ingsteel impugnó la legalidad de esta exclusión mediante un recurso en el contexto del cual el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) planteó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial.

    En su sentencia de 13 de julio de 2017, Ingsteel y Metrostav (C‑76/16, EU:C:2017:549), el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (3) debe interpretarse en el sentido de que, cuando una licitación exige la presentación de una declaración emitida por una entidad bancaria mediante la que esta se comprometa a conceder un préstamo a un licitador y las entidades bancarias a las que el licitador haya solicitado tal declaración se nieguen a emitirla, esa Directiva autoriza, en su caso, a dicho licitador a acreditar su capacidad económica y financiera mediante otros medios adecuados. Habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia, el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) declaró la ilegalidad de la decisión de exclusión de Ingsteel y la anuló. A continuación, devolvió el asunto a la Úrad pre verejné obstarávanie (Autoridad de Contratación Pública, Eslovaquia) para que adoptara las medidas oportunas.

    Dado que el procedimiento de adjudicación del contrato público había finalizado y el poder adjudicador había celebrado un acuerdo marco con el adjudicatario, Ingsteel interpuso una demanda contra la Úrad pre verejné obstarávanie (Autoridad de Contratación Pública) con objeto de reclamar una indemnización por la pérdida de la oportunidad de ganar la licitación.

    La Autoridad de Contratación Pública opina que la demanda de indemnización presentada por Ingsteel es hipotética. Aduce que nada garantiza que Ingsteel habría sido seleccionada como adjudicataria o que, de haberlo sido, el poder adjudicador habría celebrado un contrato con dicha empresa.

    El Okresný súd Bratislava II (Tribunal Comarcal de Bratislava II, Eslovaquia) se pregunta si la Directiva 89/665 le obliga a estimar una demanda de indemnización del daño por pérdida de oportunidad presentada por un licitador en el supuesto de que un órgano jurisdiccional haya anulado la decisión de excluirlo de un procedimiento que dio lugar a la adjudicación de un contrato público y el poder adjudicador haya celebrado un contrato con otro licitador.

    Para responder a esta pregunta, es preciso que el Tribunal de Justicia determine si las legislaciones de los Estados miembros regulan la concesión de una indemnización por daños y perjuicios a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras. En caso afirmativo, el Tribunal de Justicia debe examinar las consecuencias de la exigencia de que dichas legislaciones respeten el principio de efectividad.

    El AG propone al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Okresný súd Bratislava II (Tribunal Comarcal de Bratislava II, Eslovaquia):

    «El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras debe interpretarse en el sentido de que:

    corresponde a las legislaciones nacionales de los Estados miembros determinar las condiciones necesarias para que un órgano jurisdiccional nacional conozca de una pretensión de indemnización presentada por un licitador excluido ilegalmente de un procedimiento de adjudicación de un contrato público regulado por dicha Directiva. Dichas condiciones abarcan los aspectos relativos a la carga y el nivel de la prueba, la relación de causalidad y la cuantificación de cualquier indemnización. La normativa de los Estados miembros a tal efecto debe respetar los principios de equivalencia y de efectividad. El principio de efectividad exige que el órgano jurisdiccional nacional no pueda basarse en una práctica consistente en privar a un licitador que ha sido excluido ilegalmente de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de la posibilidad de reclamar una indemnización de daños por la pérdida de la oportunidad de obtener dicho contrato.»

    – Ver Conclusiones:https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=280442&part=1&doclang=ES&text=&dir=&occ=first&cid=7983698