La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon) ha hecho públicos a través de su web los Módulos VII, VIII y IX del Informe Anual de Supervisión de la contratación pública de España (IAS) 2023. A continuación se recogen las conclusiones correspondientes a los tres módulos

    1.- Informe Anual de Supervisión 2023. Módulo VII. La fase preparatoria del contrato.

    IV. Conclusiones. Habida cuenta de la información y resultados expuestos, se extraen las siguientes conclusiones: · La diversa configuración de la publicidad de las programaciones de la actividad contractual dificulta su detección e identificación para los posibles licitadores, siendo esto un obstáculo a la pretendida transparencia y publicidad que la norma exige. En este sentido, destaca el hecho de que sólo la PSCP. de Cataluña ofrece la información de la contratación programada en formato abierto y reutilizable. · En el 2022 se han publicado más programaciones de actividad contractual que respecto al año anterior, si bien en todos los ejercicios supervisados por esta Oficina se arrojan paupérrimos resultados, teniendo en cuenta que se trata de una obligación legal. Destaca el sector autonómico como el sector en el que se realizan y publican más programaciones, con un 13,52%. · Más de la mitad de las programaciones de 2022 (54,23%) puede considerarse que se publican tarde, pues se hace ya iniciado el año al que se refieren. En este sentido, aunque la ley no exige plazo, esta demora impide el previo conocimiento de la contratación de una entidad desde un inicio, desviándose de su finalidad principal. Incluso algunas de ellas son publicadas una vez finalizado el ejercicio al que corresponde la programación, es decir, en 2023 (0,93%). · De las programaciones publicadas, sólo el 45,24% ha sido además difundidas mediante un anuncio de información previa tal y como establece el artículo 28.4 de la LCSP, aunque el porcentaje es 7,82 puntos porcentuales mayor que en el año 2021. · En todo caso, atendiendo al contenido mínimo del anuncio regulado en el artículo 134 de la LCSP, el contenido de las programaciones de la actividad contractual supervisada no es homogéneo ni uniforme, quedando a la voluntad de cada órgano de contratación qué información y datos incluir. En este sentido, el 41,53% de los órganos de contratación que ha publicado programación ha recogido 6 datos o más, sin que ninguno de ellos haya incluido todos los datos del modelo del anuncio previo. · No se tiene constancia, excepto en un ínfimo porcentaje (0,53% del total de las publicadas), del seguimiento y/o evaluación de las programaciones publicadas.

    2.- Informe Anual de Supervisión 2023. Módulo VIII. La fase de licitación del contrato.

    Primera Parte: Condiciones de admisión y criterios de adjudicación.

    V. Conclusiones. Las conclusiones que se pueden extraer del análisis y los datos anteriores, son las siguientes:

    1. Solvencia y clasificación · Respecto a la adopción de medidas para adecuar las exigencias de solvencia en los pliegos en función de cada contrato, en los contratos de servicios analizados la solvencia técnica se adapta en el 86,38% de los contratos, mientras que la solvencia técnica lo hace en el 73,48%. En el caso de los suministros, la solvencia técnica adaptada alcanza el 72,40% de los contratos, mientras que la económica se adapta en el 59,55% de los mismos. · En las licitaciones relativas al tipo de servicios analizados este año se ha constatado que impacta en cierto grado en la concurrencia de la licitación la adaptación de ambas solvencias (técnica y económica), si bien, la adaptación de la solvencia económica, sí la eleva notablemente, al aumentar a 5,20 la media de licitadores participantes. En el caso de los suministros, es muy leve la diferencia en los datos relativos a la concurrencia en función de la adaptación o no de la solvencia. · Otra cuestión a señalar es que se ha constatado un número menor en el número de licitadores participantes respecto a los datos del año pasado, si bien se trataban de CPV diferentes. Cabría analizar si la causa se encuentra en el sector supervisado en cada año o bien se trata efectivamente, de un descenso de concurrencia, debiendo, por ello, hacer seguimiento de estos CPV en el futuro para constatar una u otra. · Por último y, si bien no ha sido un extremo cuyo análisis estuviera previsto, se han detectado casos en lo que se dan ciertas incoherencias en el establecimiento del umbral mínimo exigido en la solvencia. En estos casos, la solvencia requerida se refiere al valor medio del contrato, pero, al indicar la cuantía del mismo no se corresponde con dicho valor. Estos errores pueden inducir a confusión sobre la cuantía final exigida para acreditar la solvencia.

    2. Criterios de adjudicación · Se concluye, en relación con los contratos de servicios analizados, que el peso de los criterios económicos se sitúa en un 41,13%, mientras que los cualitativos superan a los primeros, alcanzando un 58,87%. En el caso de los suministros, los criterios económicos continúan manifestando una mayor importancia (59,03%) frente a los cualitativos (40,97%), si bien tienden a igualarse. · En cuanto a la utilización de un solo criterio de adjudicación, se observa que en la mayor parte de los supuestos se opta por incluir varios, de acuerdo con lo que, como regla general, establece la LCSP. Cabe recordar que, en el caso de los servicios analizados, al incluirse en el Anexo IV de la norma, se trata de una obligación no solo el aplicar varios criterios sino a que el 51% de estos se refiera a la calidad de la prestación. · La valoración de los criterios de adjudicación mediante fórmulas tiene un peso mucho mayor que la aplicación de criterios susceptibles de juicio de valor (con un 77,87% frente a un 22,13% en contratos de servicios y un 87,32% frente a un 12,68% en contratos de suministro). Esta cuestión, aunque aboga por una mayor objetividad en la valoración de las proposiciones y parece favorecer, en cierta forma, la adjudicación de contratos a las pymes, debe estar en consonancia con la posibilidad ofrecida por la normativa de aplicar los criterios relativos a la calidad en los términos adecuados y con una valoración que redunde en una mejora de las prestaciones. Ello permitirá que la adjudicación se efectúe realmente a favor de las ofertas más ventajosas, aplicando el principio de mejor relación calidad-precio.

    3. Estructura de costes · En relación con la existencia de una justificación económica, se observa que, en el caso de los contratos de servicios, en un 18,81% de las licitaciones no se incluye. En los contratos de suministro dicha justificación se refleja en el 21,27% de los contratos supervisados. · Por otro lado, se observa en los contratos de servicios una preferencia por el uso, como fórmula de determinación del PBL, del “Precio unitario”. En los contratos de suministro, por el contrario, se constata una amplia preferencia por el “Precio a tanto alzado”. En este sentido en muchos de los contratos analizados en este informe, el objeto se refiere a actuaciones globales de suministro e instalación en zonas de juego o deportivas, lo que explicaría la forma de determinar el precio en este tipo de suministros. · Se constata que, mayoritariamente, los órganos de contratación suelen calcular primero el PBL (sin incluir el IVA) y, una vez hecho y en aplicación del artículo 101.2 de la LCSP, se añade el valor correspondiente a las prórrogas, otros abonos o pagos y las modificaciones, determinando así el VEC. Respecto a la obligación de incorporar en todo caso el método de estimación del VEC en los PCAP (artículo 101.5 de la LCSP) y la necesidad de adecuación del PBL y del VEC a los precios del mercado, respectivamente recogidas en los artículos 100.2 y 101.7 de la LCSP, se concluye que, a pesar de que formalmente existe un cumplimiento generalizado, en muy pocas ocasiones este cumplimiento queda rigurosamente justificado en los pliegos. Debe tenerse en cuenta que, como ya se viene advirtiendo desde el IAS 2019, la cuantía establecida como VEC, que define el interés económico potencial de un contrato, en gran parte de las ocasiones determina además el propio régimen jurídico que resulta de aplicación a cada uno de los contratos (estableciendo, por ejemplo, si se trata de contrato SARA o no SARA o el ámbito de aplicación del recurso especial en materia de contratación). · Se ha producido un amplio cumplimiento de la obligación de regulación en los pliegos de la presunción de ofertas anormalmente bajas, que se ha cuantificado en el 97,24% en los contratos de servicios y en el 99,10% en los contratos de suministro analizados. Cabe destacar el positivo descenso de los supuestos en los que no aparece regulada la determinación de la anormalidad, 2,76% en los servicios y, principalmente en los suministros, que se sitúa en el 0,90% de los casos, con la tantas veces aludida matización de que se analizan CPV diversos. · Se observa un alto grado de incumplimiento respecto a la obligación establecida en el artículo 100.2 de la LCSP, sobre la configuración del PBL a partir de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. El incumplimiento de dicha obligación ha sido del 49,21% en servicios y del 59,55% en suministros en la muestra de contratos que han sido analizados. · Por último, cabría reflexionar sobre si el grado de dificultad a la hora de desglosar los costes aumenta en determinados sectores económicos, aspecto que debiera ser tenido en cuenta de cara al diseño de actuaciones formativas dirigidas a la configuración de los pliegos y determinación de la prestación a contratar.

    Segunda Parte: Las prohibiciones para contratar.

    IV. Conclusiones A la vista de todo los expuesto se extraen las siguientes conclusiones: · No se tiene información sobre las causas de las prohibiciones para contratar en un 17,61% de los expedientes, lo que dificulta poder adoptar medidas o actuaciones preventivas que minimicen el riesgo de su comisión. · La cesión ilegal y el impago de salarios o retrasos justificados representan un alto porcentaje (58,23%) en relación a las prohibiciones de contratación identificadas en 2022 en lo que respecta a causas de carácter “Social”. · Tal y como se indicaba en IAS anteriores, los operadores económicos no parecen hacer demasiado uso de las posibilidades legales de alegación durante el trámite de audiencia, acreditando los extremos requeridos en el apartado 5 del artículo 72 de la LCSP. Adicionalmente y cuando sí se sigue este trámite, las alegaciones son desestimadas en un porcentaje relevante. Ello podría evidenciar problemas de información y/o formación en esta materia. · En cuanto a los registros autonómicos, si bien se ha podido comprobar que la información está en general actualizada, se detectan un número reducido de prohibiciones vigentes inscritas. De este modo, o bien los órganos de contratación en términos generales no adoptan medidas “disciplinarias” en los procedimientos o en la ejecución de los contratos o bien, adoptándolas, no dan lugar a los procedimientos correspondientes que conllevarían la imposición de prohibiciones para contratar, o, finalmente, si se imponen, no son trasladadas a los órganos correspondientes para su inscripción en el registro correspondiente. · Por último, de la supervisión de los registros autonómicos se detecta en muchos casos ausencia de información sobre prohibiciones para contratar y, en algunos, falta de diligencia al no incorporar actualizado el vínculo informático para acceder al ROLECE.

    3.- Informe Anual de Supervisión 2023. Módulo IX. La fase de ejecución del contrato.

    Primera parte: Las modificaciones contractuales.

    IV. Conclusiones A la vista de los resultados de la supervisión realizada se extraen las siguientes conclusiones: · En primer lugar, se ha comprobado un adecuado uso del tipo de publicación de la modificación contractual en este tipo de contratos. Así, el 88,14% de las publicaciones de modificaciones contractuales de los contratos de obras supervisados, sí son realmente modificaciones de acuerdo al artículo 203 y siguientes de la LCSP. · Destaca, por otro lado, el importante peso de las modificaciones no previstas en los pliegos que rigen la licitación de los contratos de obras modificados, constituyendo el 87,82% de los contratos SARA de obras del 2022 supervisados en este informe. · No obstante lo anterior, al igual que sucedía en los análisis de IAS anteriores en los contratos de servicios y de suministros con la figura de la prórroga contractual, se identifica cierta confusión entre la ampliación de plazo y la modificación contractual en lo que a la publicación de ambos trámites se refiere. · Los contratos de tramitación ordinaria tienen un peso preeminente en los contratos modificados en el 2022 (95,51%), siendo los de urgencia residuales y sin que haya constancia de contratos celebrados por el trámite de emergencia. · En cuanto a la posible relación entre la existencia de valores anormales en la oferta adjudicataria y la modificación posterior del contrato, se ha observado que de los 88 contratos modificados analizados de los CPV 4523 y 4521, las ofertas adjudicatarias que estuvieron incursas en el procedimiento del artículo 149 de la LCSP por presentar valores supuestamente anormales, representan el 2,27%. De este bajo porcentaje pudiera deducirse por la documentación a la que se ha podido acceder, que no ha habido relación de causalidad entre las modificaciones contractuales y las ofertas incursas en presunción de anormalidad.

    Segunda Parte. La subcontratación

    IV. Conclusiones Como no podía ser de otro modo, la falta de información sobre el peso de la subcontratación en la contratación pública sigue siendo el aspecto más reseñable en este campo. Entender que este tipo de información es “opcional” en los pliegos que rigen la contratación, así como en los anuncios de licitación y formalización del contrato, ocasiona que no puedan analizarse los datos relativos a la subcontratación: tanto la subcontratación permitida como la finalmente realizada por el adjudicatario. En esta línea tampoco puede medirse el peso que económicamente tiene la subcontratación respecto del total del gasto público en contratación (ni en términos de PBL, ni en precio de adjudicación), aspecto reseñable si se tiene en cuenta que la subcontratación puede afectar a la competencia y concurrencia en la contratación. Por otro lado, la ausencia de información no permite supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los órganos de contratación consistentes en el control del pago a subcontratistas y proveedores en contratos de obras y servicios cuyo VEC sea igual o superior a 5.000.000 de euros en los que se haya subcontratado al menos el 30% del objeto de contrato. En este sentido, no se ha identificado que ningún órgano de control externo haya incluido este extremo en los informes aprobados desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023. Por último, se ha podido constatar que se hace escaso uso de la posibilidad de realizar pagos directos a los subcontratistas de acuerdo con la DA 51ª de la LCSP. Los datos arrojados invitan a una reflexión sobre la adecuación de la medida y la consecución del objetivo perseguido.

    – Ver informes completos: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Oirescon/Paginas/ias.aspx