OIReScon: Informe anual de Supervisión 2023

    De acuerdo con el apartado 9 del artículo 332 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) elabora un informe anual que recoge las conclusiones derivadas de toda la actividad de supervisión realizada por las administraciones competentes. Este informe incluye, además, las siguientes cuestiones:

    1. Una relación de los principales incumplimientos detectados por los órganos, instituciones y poderes con competencia supervisora o jurisdiccional en materia de contratación pública.
    2. Información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la legislación de contratación pública o de inseguridad jurídica.
    3. Información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratación, así como sobre los problemas de colusión detectados.

    Este informe es remitido por la OIReScon a la Comisión Europea, a través de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

    OIReScon: Informe anual de Supervisión 2023

    CONCLUSIONES:

    I. LAS CIFRAS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN 2022:

    1. Durante 2022, en España se efectuaron 183.277 licitaciones (un 13,26% más que en 2021), por un importe total (PBL, sin incluir impuestos) de 100.692,20 millones de euros (un 4,94% más que en el año precedente).

    A nivel de Sector Público Autonómico (experimentó un incremento del 17,60% del importe de las licitaciones, alcanzando el 40,39% del importe total licitado en España) destacan la C.A. de Andalucía, la C. de Madrid y la C.A. de Cataluña, por ese orden (registrando un peso en el total de lo licitado en el ámbito autonómico del 14,79%, 14,76% y 13,29% respectivamente). A nivel de Sector Público Local (aumentó un 8,63% el importe de sus licitaciones, lo que supuso que gestionara el 33,15% de las licitaciones totales) es la C.A. de Cataluña la que encabeza la lista de mayor licitación (con un peso del 21,63% de lo licitado globalmente en el ámbito local). Por su parte, el Sector Público Estatal redujo su importe licitado en un 13,06% y su peso sobre el total de las licitaciones hasta el 26,45%

    2. El procedimiento más utilizado para licitar en 2022 continúa siendo el procedimiento abierto que absorbe el 77,11% del importe económico (de ellos, 6,84 puntos porcentuales corresponden a modalidad simplificada) y el 70,40% en número de procedimientos (de ellos, 35,99 puntos porcentuales corresponden a modalidad simplificada).

    3. En términos globales, en 2022 se produce un avance en el número de licitaciones de las tres categorías de contratos tradicionales (servicios, suministro y obras), pero un significativo retroceso en el importe licitado de contratos de servicios, que se vio compensado por un singular aumento del importe a licitar a través de contratos de suministro y, especialmente, de obras.

    4. En 2022 se reduce el importe económico licitado por vía de la tramitación de emergencia siguiendo la senda de 2021, debido a la menor necesidad de tramitar por esta vía los contratos de suministro de material sanitario y otros que se llevaron a cabo en 2020, derivados de la pandemia producida por el Covid-19. Sin embargo, se mantienen los contratos con tramitación de emergencia en niveles significativamente más elevados que en años prepandemia (2018 y 2019)

    5. El nivel de lotes registrados en 2022 como desiertos 24.213 lotes (9,93%) presenta un significativo aumento, ya que, en el IAS del año pasado, esta cifra alcanzó los 17.349 lotes (8,08%). Esto supone casi dos puntos porcentuales de incremento del nivel de lotes licitados que resultaron desiertos en 2022 frente a 2021.

    6. El volumen de adjudicaciones de contratación pública en España durante 2022 (en PA sin incluir impuestos) fue de 70.304,70 millones de euros (un 11,46% más que en 2021), correspondientes a un total de 201.966 contratos/lotes adjudicados (un 8,58% más que en el año precedente).

    A nivel de Sector Público Autonómico (que experimentó un acusado aumento del 23,20% el importe de sus adjudicaciones, tramitó el 37,01% del importe total de las adjudicaciones en España), la C.A. de Cataluña (17,02% del total de dicho Sector) es la mayor adjudicadora a nivel de en términos económicos, mientras que a nivel de Sector Público Local (que incremento el 4,56% el importe de sus adjudicaciones, alcanzó el 31,11% en el total de las adjudicaciones), lo son la C. de Madrid y la C.A. de Cataluña (20,74% y 19,94% respectivamente). Por su parte, el Sector Público Estatal aumentó su importe adjudicado en un 6,53% y su peso sobre el total de las adjudicaciones hasta el 31,87%

    7. La caracterización del nivel de “lotificación” alcanzado en la adjudicación de la contratación pública española en 2022, se puede resumir señalando que aproximadamente una novena parte (11,34%) de los contratos adjudicados se encontraban divididos en lotes, y que dicha división en lotes tuvo una importancia en términos económicos de casi la tercera parte (32,92%) del total de las adjudicaciones.

    8. En el año 2022 ha disminuido el tiempo medio de tramitación total de los procedimientos de contratación respecto al año 2021, la media general de todos ellos pasa de los 131,96 días a los 126,88. Sin embargo, sigue siendo más alto que el registrado en 2019 (117,06 días). La duración mediana en 2022 es la más baja de toda la serie temporal.

    9. La concurrencia media se ha reducido en general en todos los procedimientos respecto al 2021, siguiendo una tendencia decreciente desde el año 2019. En concreto, la media de licitadores que concurrieron a los procedimientos de contratación en 2022 se redujo a 3,22, frente a los que lo hicieron en 2021, que fueron 3,94.

    Del total de los lotes y contratos adjudicados en el año 2022, una vez excluidas las adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad, el 39,92% de dichas adjudicaciones tuvieron un único licitador, lo que en importe económico (PA) representó un 28,63% del volumen de las adjudicaciones. El importe adjudicado a contratos con un solo licitador se ha incrementado en los tres ámbitos territoriales durante 2022, de forma más acusada en el Local y Estatal. En el Sector Público Local se alcanza un porcentaje (que asciende de un 14,57% a un 26,48%) todavía inferior al Estatal (que pasa del 18,77% al 28,47%) y al Autonómico (cuyo porcentaje también aumenta del 28,84% al 30,86%).

    10. En 2022 se produjo una reducción media general del PA respecto del PBL, menor (11,01%) que en 2021 (12,23%). El procedimiento abierto simplificado es en el que mayores bajadas se registran (un 13,99% de media). Especialmente significativa es la menor reducción producida en los contratos de obras en 2022 (10,32%), que pierden casi 4 puntos porcentuales en la reducción media respecto al año anterior (14,14%).

    II: LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:

    La actividad consultiva en el ejercicio 2022 ha sido superior a la del año anterior.

    Respecto a la actividad propiamente consultiva, al igual que en 2020 y 2021, el foco de la inseguridad jurídica continúa centrado en la “Ejecución y cumplimiento de los contratos”. Cabe destacar el aumento en el número de dudas referidas al “Tipo de contrato”.

    Se resalta el descenso tanto del número de consultas referentes a la “Capacidad y solvencia”, en contraste con el importante incremento que sufrió en 2021, como de las asociadas al “Procedimiento”, siendo esta bajada palpable desde el primer IAS publicado en esta oficina en 2019.

    Por otro lado, la pandemia provocada por el COVID-19 apenas tiene presencia en la actividad consultiva, reduciéndose a uno el número de informes relativos al restablecimiento económico de los contratos en ejecución que han visto afectada su prestación.

    Por último, se destaca la continuación en este 2022 en la actividad de los órganos consultivos de temas relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

    III. LAS PRÁCTICAS COLUSORIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN:

    A la vista de los resultados de la supervisión realizada se han alcanzado las siguientes conclusiones:

    · Todos los indicadores de las actuaciones realizadas por las entidades de defensa de la competencia analizados han descendido respecto al año anterior, excepto el nº de expedientes sancionadores y el número de cursos de formación que se mantienen o aumentan respectivamente.

    · Teniendo en cuenta estos resultados y la evolución de los últimos años, se confirma el cambio de tendencia a la hora de abordar las prácticas colusorias en materia de contratación, pasando de un comportamiento más correctivo o sancionador a una actuación más activa y preventiva por parte de la Administración y órganos de control. Esta conclusión se apoya en el incremento del número de comunicaciones o denuncias de prácticas colusorias en materia de contratación frente al número de sanciones en los últimos 4 años. Se consolida, por tanto, la cultura de la prevención en materia de competencia en contratación pública.

    · En cuanto a los sectores económicos que han resultado más propensos a la realización de prácticas colusorias (“Ingeniería civil”, “Otro transporte terrestre de pasajeros”, “Actividades generales de la Administración Pública” y “Construcción de edificios”) conviene realizar un seguimiento de los mismos para confirmar si, efectivamente, son sectores de riesgo o se trata de resultados puntuales derivados de los plantes de actuaciones de las entidades de defensa de la competencia.

    · Igualmente, en relación a las prácticas colusorias más señaladas, resulta conveniente prestar especial atención en el proceso de licitación para detectar si se producen acuerdos de empresas para el reparto de licitaciones o acuerdos en la presentación de ofertas.

    IV. LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:

    Habida cuenta de lo expuesto se extraen las siguientes conclusiones:

    · Las cuestiones relacionadas con la contratación pública tienen un peso de un 10,73% en el conjunto de las denuncias recibidas por las Agencias u Oficinas Antifraude. Se identifica una tendencia descendente del peso porcentual de la materia contractual en el total de las denuncias en los últimos años a pesar de su aumento en términos absolutos.

    · El “Buzón” se sigue imponiendo como medio de denuncia, con un 67,91%.

    · Se consolida la tendencia identificada en anteriores IAS en la que el contrato de servicios es el más denunciado (53,48%), consolidándose como área de riesgo en la materia.

    · Las causas de denuncia y comunicación en materia de contratación pública predominantes han sido la supuesta existencia de irregularidades en la adjudicación del contrato (36,90%), incluyendo aquellas denuncias cuyo origen es la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación del expediente o licitación del contrato, así como aquellas cuyo origen o causa se centra en el supuesto fraccionamiento de varios contratos (16,04%).

    · Por otro lado, siguiendo la estela del año precedente, destacan las actuaciones realizadas en el ámbito de la prevención de la corrupción en materia de contratación, especialmente en lo que se refiere a formación y la celebración de jornadas, seminarios y congresos de las Agencias y Oficinas.

    · Por último, se han previsto importantes actuaciones en materia de prevención y lucha contra la corrupción en la ENCP 2023-2026 dirigidas a la actividad de supervisión y al control ex ante y ex post de la legalidad en materia de contratación pública.

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