El Tribunal de Cuentas aprueba 11 informes de fiscalización y una moción
21/12/22
- Dos de estas fiscalizaciones hacen referencia a los efectos económicos y de gestión que ocasionó la COVID-19. Una se refiere a la cooperación AGE-CCAA en el marco de la gestión de la pandemia COVID-19] y en el otro informe se analiza cómo afectó la crisis sanitaria al Grupo Renfe.
- Entre los informes aprobados por el Pleno figuran tres fiscalizaciones sobre contratación del Sector Público en distintos ámbitos, una sobre la gestión de las prestaciones del ISFAS y tres fiscalizaciones y una moción de Entidades Locales.
- Además, el Pleno ha aprobado los informes de fiscalización sobre la Cuenta General de la Región de Murcia y de Extremadura.
Madrid, 21 de diciembre
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado 11 informes de fiscalización y una moción. Dos de estas fiscalizaciones hacen referencia a los efectos económicos y de gestión que ocasionó la COVID-19 y se suman a otros informes que el TCu ha ido aprobando en los últimos meses.
El Informe de Fiscalización de las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas desarrolladas en el marco de la gestión de la Pandemia COVID-19 plantea si el sistema de cogobernanza multinivel en España estuvo a la altura de los retos planteados por la COVID-19.
Para ello se ha analizado el papel las unidades especializadas del Ministerio de Política Territorial en el sistema de funcionamiento de la Conferencia de presidentes, y las diferentes Conferencias Sectoriales.
Las principales conclusiones del informe establecen que el sistema de cogobernanza multilateral entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas fue capaz de encauzar la necesaria colaboración en circunstancias tan difíciles como las planteadas por la pandemia del COVID-19.
La fiscalización detecta algunos puntos susceptibles de mejora en los órganos de cooperación, sobre los que se está trabajando, iniciado con la aprobación de un nuevo reglamento de la Conferencia de Presidentes en 2022.
En el caso de las Conferencias Sectoriales, el informe destaca que gracias a la experiencia acumulada se pudieron adaptar a las circunstancias, en particular mediante reuniones telemáticas frecuentes, que permitieron la concertación ágil en situaciones difíciles –es ilustrativo el caso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que celebró 82 reuniones en 2020, el 98 % de ellas telemáticamente-. Al mismo tiempo se ha detectado que algunas de ellas carecían de reglamentos internos o de actualización o no facilitaban al Ministerio de Política Territorial de información suficiente sobre las reuniones celebradas.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas concluye que la conflictividad entre el Estado y las Comunidades se está reduciendo, encauzándose cada vez más mediante mecanismos negociados de concertación.
Otra de las conclusiones que aporta el informe es el importante papel del citado Ministerio de Política Territorial en el funcionamiento de los órganos de cooperación multilateral y para la coordinación entre las administraciones, y recomienda reforzarlo con la unificación, puesta en común y mejoras en los sistemas de gestión de la información, como, por ejemplo, dando mayor difusión de las resoluciones de las Conferencias Sectoriales
¿Cómo afectó la crisis sanitaria al Grupo Renfe?
El Tribunal de Cuentas ha aprobado la Fiscalización de las medidas tomadas por el Grupo Renfe en relación con las restricciones de movilidad de los viajeros implantadas durante el ejercicio 2020.
La fiscalización del Grupo Renfe ha tenido como finalidad analizar el impacto de las restricciones de movilidad implantadas en 2020 sobre la actividad y los resultados del Grupo, así como las medidas en materia comercial, sanitaria y de gestión de personal adoptadas por Renfe-Operadora y sus filiales, entre otras.
El informe constata que el Grupo Renfe y sus filiales sufrieron un importante impacto en sus resultados pasando de 101 millones de euros de beneficios en 2019 a unas pérdidas de 473 millones de euros en 2020. Dentro del Grupo, Renfe Viajeros fue la filial con mayores pérdidas, 414 millones de euros, principalmente por la disminución en el número de viajeros en los servicios comerciales (alta velocidad, larga distancia y trenes turísticos).
Los usuarios de los servicios comerciales se redujeron un 65% respecto a 2019, mientras que las plazas ofertadas lo hicieron en un 47,3%. Esto provocó que los ingresos generados cayeran un 65,1%, pasando de 1.511 millones de euros en 2019 a 527 millones de euros en 2020.
Los usuarios de OSP (cercanías, media distancia convencional y trenes AVANT) se redujeron en un 46,8% respecto a 2019, aunque el de cercanías fue el servicio menos afectado por la restricción de la movilidad. Como consecuencia, los ingresos de estos servicios se redujeron en un 49,6 %, pasando de 798 millones de euros a 402 millones en 2020.
El importe de la compensación para 2020 solicitada por Renfe Viajeros por la prestación de los servicios OSP competencia de la Administración General del Estado aumentó un 18,7 % respecto a 2019, superando los 1.100 millones de euros. En el caso de los servicios OSP competencia de la Generalitat de Catalunya, la compensación para 2020 también aumentó respecto a 2019, un 38 %, alcanzando casi los 324 millones de euros.
Entre las conclusiones que recoge el informe destaca la flexibilización del uso de los títulos de transporte que permitió hacer cambios y anulaciones en billetes que no tenían ese derecho. Renfe Viajeros también facilitó más de 28.000 billetes gratuitos al personal sanitario e implantó servicios adicionales de limpieza y desinfección en los trenes con un coste de adicional de 12,2 millones de euros.
La fiscalización constata que entre marzo y mayo de 2020 Renfe-Operadora recibió del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 3,3 millones de mascarillas FFP2, por un coste de 8,5 millones de euros, cantidad que pudo haber excedido las necesidades ya que, con ellas, se ha podido proveer de mascarillas a su personal hasta junio de 2021.
En 2020 el endeudamiento bancario del Grupo se incrementó en 831 millones de euros y mantuvo un saldo medio de tesorería de 255 millones de euros, superior a los que se consideran necesarios para su gestión. El Grupo contaba, además, con pólizas de crédito que no utilizó.
Entre otros, el informe recomienda a la Administración General del Estado, a la Generalitat de Catalunya y a Renfe-Operadora formalizar un contrato o acuerdo de financiación que regule la prestación de los servicios en Cataluña.
Informes sobre contratación en distintos ámbitos del Sector Público
El Tribunal de Cuentas ha aprobado tres informes relativos a la contratación en distintos ámbitos del Sector Público. Uno de estos informes es la Fiscalización de la gestión indirecta contractual de los servicios públicos de las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2019.
Para esta fiscalización se ha analizado una muestra de los contratos adjudicados en 2019 y otra de contratos de larga duración adjudicados en ejercicios anteriores al 2019 por los municipios con más de 50.000 habitantes de 26 ayuntamientos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia, La Rioja y Cantabria. El objetivo de la fiscalización ha sido comprobar su adecuación a la legalidad y a los principios de una buena gestión.
En los contratos adjudicados en 2019 se han detectado deficiencias en la fase de preparación que afectan a un número de contratos superior al 25 % del total de los incluidos en la muestra fiscalizada, destacando la inadecuada planificación de las necesidades contractuales en un 43 % de los contratos examinados, lo que dio lugar a prolongación irregular del contrato anterior.
En relación con los contratos adjudicados en ejercicios anteriores, las deficiencias e irregularidades más generalizadas se refieren al control de la ejecución de los contratos (un 44 % de los contratos examinados), a la adopción de acuerdos de prórroga de la duración del contrato legalmente improcedentes (22 %) y a las modificaciones contractuales indebidamente justificadas (un 22 % de los contratos examinados).
Además de la exposición de los resultados de la fiscalización, el informe incluye serie de recomendaciones para una mejor gestión contractual de las entidades locales a la luz de los resultados obtenidos en la fiscalización.
Otro de los informes sobre contratación aprobados por el Pleno es el Informe de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la contratación del Sector Público, realizado a iniciativa de las Cortes Generales, aborda de una forma transversal las incidencias detectadas en materia de contratación principalmente en los servicios de vigilancia, seguridad privada y limpieza. Para realizar esta fiscalización se han recopilado y analizado los contenidos de 9 informes de contratación pública aprobados durante el 2020 y 2021.
El informe analiza 729 expedientes en distintos ámbitos territoriales por valor de 1.653 millones de euros, de los que 1.564 millones son expedientes de prestación de servicios. De estos, más de 900 millones fueron gastos en seguridad y vigilancia y 467 millones en limpieza.
Entre los principales resultados el informe destaca que las principales incidencias se producen en la fase de preparación de los contratos y selección del contratista. El informe constata en ciertos supuestos un elevado riesgo de que no se hubiera adjudicado a los mejores licitadores.
Además, el Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de Fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los ministerios del Área de la Administración Económica del Estado y sus organismos y entidades dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019.
Informes sobre las Cuentas Generales de la Región de Murcia y de Extremadura
El Pleno ha aprobado el Informe de Fiscalización de la Cuenta General y del resto de cuentas del Sector Público de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, ejercicio 2020.
El informe concluye que la Cuenta General de la Región de Murcia se ha adaptado a los principios y normas contables del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, si bien no ofrece una visión conjunta del sector público de la Comunidad, al estar formada solo por las cuentas de la Administración General y sus organismos autónomos y no integrar las cuentas del resto de entidades regionales. Además, no incluye estados agregados ni consolidados de estas entidades.
Las cuentas individuales de las empresas, fundaciones y consorcios públicos han reflejado la imagen fiel de la situación económico-patrimonial, salvo en una sociedad, una fundación y tres consorcios en los que se ha denegado opinión y en tres empresas públicas y cuatro fundaciones en las que la opinión ha sido favorable con salvedades.
Además, el Pleno ha aprobado el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El informe concluye que la Cuenta General se ha formado de acuerdo con la estructura y contenido previsto en la normativa que le resulta de aplicación, si bien los estados consolidados se limitan al sector público administrativo, en tanto que las cuentas de los sectores empresarial y fundacional se presentan agregadas.
Las cuentas individuales que forman parte de la Cuenta General se adaptan en términos generales a los principios y normas contables de los respectivos planes de contabilidad aplicables en función de su naturaleza. No obstante, las cuentas anuales de siete entidades públicas (tres organismos autónomos y cuatro entes públicos) se rinden integradas formando parte de la Cuenta de la Administración General. Las salvedades más significativas de la Cuenta de la Administración General son las que afectan a la representatividad del balance derivadas de las deficiencias en el registro del Inmovilizado no financiero y de los deudores y su repercusión sobre el patrimonio neto.
Las cuentas individuales de las empresas, fundaciones y consorcios públicos han reflejado la imagen fiel de su situación económico-patrimonial, si bien, respecto a las cuentas de una sociedad, cuatro fundaciones y nueve consorcios se ha emitido opinión con salvedades.
¿Están los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes de Castilla-La Mancha preparados para relacionarse electrónicamente?
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado otros tres informes de Entidades Locales entre los que figuran uno sobre el control interno y financiero, otro sobre costes y rendimientos de servicios públicos y un tercer informe que analiza la implantación y usos de la administración electrónica.
El informe de Fiscalización de la implantación de administración electrónica en los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes de Castilla-La Mancha, ejercicios 2019 a 2021 pone de manifiesto que ningún ayuntamiento de entre 20 y 50 mil habitantes de Castilla-La Mancha estaba preparado para relacionarse exclusivamente de forma electrónica con la ciudadanía y con otras administraciones. Ninguno de ellos disponía a 31 de diciembre de 2021 de la totalidad de las herramientas de administración electrónica preceptivas.
Además, la utilización por la ciudadanía de los servicios electrónicos fue limitada. A pesar de ello, únicamente el 30 % de los ayuntamientos realizaron actuaciones para el fomento de uso de las TIC y la inclusión digital de los grupos de población más vulnerables.
De igual forma, se ha constatado que la mitad de los ayuntamientos reutilizaron plataformas facilitadas por su respectiva Diputación Provincial, obteniendo mejores resultados en la implantación de la administración electrónica que los que usaron las plataformas suministradas por proveedores privados, y sin incurrir en obligaciones económicas por su utilización.
Por ello, el Tribunal recomienda el impulso de soluciones generales de administración electrónica, fomentando la reutilización de la tecnología disponible, así como incrementar la capacitación tecnológica de la ciudadanía, al objeto de reducir la brecha digital.
El Pleno también ha aprobado el informe de Fiscalización relativa a la organización y los resultados del control interno, así como a las actuaciones del control financiero de los ayuntamientos, ejercicio 2020. Esta fiscalización tiene por objeto ofrecer una visión global y representativa sobre el funcionamiento del sistema de control interno y la implantación en los ayuntamientos de las medidas previstas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen de control interno de las entidades del sector público local (RCIL).
Además de examinarse la información remitida a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales por los órganos de control interno de los ayuntamientos a nivel nacional, 4.898 comunicaciones, para la fiscalización se ha tomado una muestra de 99 ayuntamientos de entre todos los ayuntamientos de toda España que remiten información a fin de realizar un examen específico y más detallado sobre los mismos. El objetivo ha sido analizar la organización y los resultados de control interno durante el ejercicio 2020.
El informe destaca, entre los principales incumplimientos y deficiencias observados, el incumplimiento en un elevado porcentaje de la obligación de remitir la información en materia de control interno relativa al ejercicio 2020.
De entro todos los ayuntamientos analizados en la muestra, y a fin de llevar a cabo la implantación del nuevo modelo de control interno previsto en el RCIL, sólo 8 ayuntamientos realizaron una valoración previa de los medios personales, organizativos y materiales disponibles. Además, el 89 % de los órganos interventores consideró insuficientes los medios personales disponibles para la realización de las actuaciones de control interno y el 80 % de los interventores, los medios materiales y, en particular, las herramientas informáticas. A pesar de la insuficiencia de medios indicada, solo once ayuntamientos recabaron la asistencia de las diputaciones provinciales y ninguno de los fiscalizados suscribió convenios con la Intervención General de la Administración del Estado orientados a asesorar a los órganos interventores.
Otro de los informes aprobados por el Tribunal de Cuentas es la Fiscalización sobre la información relativa a los costes y rendimientos de los servicios incluida en las cuentas generales de los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, correspondientes al ejercicio 2020.
En la fiscalización se ha observado unos niveles de información muy insuficientes, tanto en lo relativo a las memorias sobre costes y rendimientos de los servicios públicos y sobre el grado de cumplimiento de objetivos, previstas en el artículo 211 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), como en las notas de la memoria de las cuentas anuales.
Existe una carencia general de sistemas de contabilidad analítica desarrollados y una insuficiencia de recursos humanos, técnicos y materiales para el cálculo de la información sobre costes y rendimientos de los servicios locales.
El informe realiza varias recomendaciones, una de ellas dirigida al Ministerio de Hacienda y Función Pública, para desarrollar la regulación de las memorias del artículo 211 del TRLRHL, y el resto a las entidades locales y, en especial, a los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes y a las entidades de ámbito superior al municipal, para mejorar la información sobre la materia.
Informe sobre la gestión de las prestaciones del ISFAS
El Pleno ha aprobado el Informe sobre la gestión de las prestaciones de económicas y sociales reconocidas por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas en 2019.
La fiscalización se refiere al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), organismo autónomo al que corresponde la gestión del Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2019.
Las conclusiones más relevantes afectan, por un lado, a la aplicación informática utilizada para la tramitación de las prestaciones económicas y sociales que ha quedado obsoleta y respecto de la cual, además, se ha constatado la falta de interconectividad que ralentiza y dificulta el proceso de alta y gestión de los expedientes de estas prestaciones.
Por otra parte, los trabajos de campo han permitido apreciar situaciones de posible incompatibilidad de las prestaciones reconocidas y de doble posible afiliación a otros regímenes de Seguridad Social. Todo ello aconseja mejorar los aplicativos informáticos y la comunicación entre el ISFAS y el INSS para la integración de los datos del primero en la base de datos del segundo.
Asimismo, se han observado deficiencias en la gestión de los documentos emitidos por los órganos médico-periciales de la Sanidad Militar para la determinación del grado de discapacidad de los beneficiarios por lo que se recomienda un mayor control sobre la custodia y el registro de dictámenes emitidos, así como la centralización e intercomunicación entre las Juntas Médico-Periciales.
Por último, el Fondo Especial gestionado por el propio ISFAS, constituido en 1975 integrado por la totalidad de los bienes y derechos de las mutuas de las Fuerzas Armadas entonces existentes debería extinguirse. Se trata de un Fondo con resultados deficitarios y con una gestión muy ineficiente. El estudio de su extinción definitiva ya ha sido objeto de anteriores recomendaciones por parte del Tribunal de Cuentas y vuelve a serlo en el presente Informe.
…Y una moción
El Pleno ha aprobado la Moción sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al marco institucional de las entidades locales.
La moción es consecuencia de anteriores fiscalizaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en materia de transparencia y buen gobierno, en especial, en el Informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales.
El objetivo de la moción es formular a las Cortes Generales propuestas dirigidas a modificar la regulación de la Ley de transparencia y, en su caso, de otra legislación conexa, acorde con el marco institucional de las entidades locales.
En concreto, se proponen diversas medidas relativas a las obligaciones en el ámbito de la publicidad activa, así como otras relacionadas con las infracciones de buen gobierno en materia de gestión económico-presupuestaria, en lo que afectan a los responsables de las entidades del sector público local.
-Ver informes: https://www.tcu.es/es/search/alfresco/index.html?entrance=FIS
-En particular, Informe nº 1493, sobre la contratación del sector público: https://www.tcu.es/repositorio/1e9e86d5-ac3c-413f-914a-62dd0dfae95c/I1493.pdf
