Impone el pago de fianzas de 22.206.894 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su caso se pudieran imponer
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral de la Pieza del denominado ‘Caso Mercasa’ contra 18 personas físicas y 4 mercantiles por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola), mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país. El magistrado dirige la acusación contra todos ellos e impone el pago de fianzas de 22.206.894 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su caso se pudieran imponer.
El magistrado abre juicio oral por hechos que las acusaciones han tipificado como delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad documental, delito de organización criminal o subsidiariamente asociación ilícita. Pedraz envía a juicio también a las mercantiles Mercasa, el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) a Incatema Consulting & Engineering SLS.L. y Tuy Cincuenta S.L.
Una vez presentados los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía del Estado y de Mercasa (que ostenta la doble condición de acusación y acusada) el juez sienta en el banquillo a directivos como María Jesús P.J., los hermanos Francisco Javier y José Manuel P.S. o el empresario José H.E.
En esta pieza se han investigado los contratos obtenidos en Angola por el consorcio de empresas CMIC con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuración Logístico de Distribución) del Ministerio de Comercio de aquel país, para construir un mercado mayorista en la capital de Angola.
El juez José de la Mata, en su auto que puso fin a esta investigación detallaba la participación del comisionista prófugo de la justicia, O.T.P. y varias sociedades y otras personas que, según el juez, se pudieron embolsar 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes.
