SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2021

    «Procedimiento prejudicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Obligación de los Estados miembros de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Contratos públicos — Directiva 89/665/CEE — Artículo 1, apartados 1 y 3 — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Sentencia del órgano jurisdiccional superior de la jurisdicción contencioso-administrativa de un Estado miembro que declara inadmisible, infringiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el recurso de un licitador excluido de un procedimiento de adjudicación de un contrato público — Inexistencia de vías de recurso contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional superior de la jurisdicción ordinaria de ese Estado miembro — Principios de efectividad y equivalencia»
    Asunto C 497/20

    En el presente caso, el licitado excluido del procedimiento de contratación (Randstad) interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema di Cassazione contra la sentencia del Consejo de Estado que declaró que Randstad, que «fue excluida del procedimiento de adjudicación del contrato por no haber superado la “prueba de resistencia” del umbral mínimo que debía alcanzar la puntuación atribuida en la oferta técnica mediante la comparación por parejas y que no logró demostrar la irregularidad del procedimiento de adjudicación del contrato por lo que respecta a la atribución de esa puntuación, no solo […] carece de cualificación para participar en dicho procedimiento, sino también de legitimación para impugnar los resultados del mismo con arreglo a otros aspectos, puesto que tiene un mero interés de hecho, análogo al de cualquier otro operador económico del sector que no hubiera participado en el procedimiento de adjudicación del contrato».

    A juicio de la recurrente, la negativa del Consiglio di Stato (Consejo de Estado) a examinar los motivos basados en la irregularidad del procedimiento de adjudicación del contrato vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido del Derecho de la Unión.

    En esencia se plantea si se opone al Derecho de la UE una disposición del Derecho interno de un Estado miembro que, según la jurisprudencia nacional, tiene como efecto que los justiciables —como los licitadores que han participado en un procedimiento de adjudicación de un contrato público— no puedan impugnar ante el órgano jurisdiccional superior de la jurisdicción ordinaria de ese Estado miembro la conformidad con el Derecho de la Unión de una sentencia del órgano jurisdiccional superior de la jurisdicción contencioso-administrativa de dicho Estado miembro en el marco de un recurso de casación.

    El Presidente del Tribunal de Justicia decidió que la presente petición de decisión prejudicial se tramitara mediante el procedimiento acelerado debido, en esencia, a que el litigio principal suscita gran incertidumbre en relación con cuestiones fundamentales de naturaleza constitucional en Derecho nacional, a que numerosos litigios similares están pendientes en Italia y a que el litigio principal está comprendido en el ámbito de la adjudicación de contratos públicos, cuya importancia en el Derecho de la Unión pone de relieve.

    El TJUE concluye que:

    Los artículos 4 TUE, apartado 3, y 19 TUE, apartado 1, así como el artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una disposición del Derecho interno de un Estado miembro que, según la jurisprudencia nacional, tiene como efecto que los justiciables —como los licitadores que han participado en un procedimiento de adjudicación de un contrato público— no puedan impugnar ante el órgano jurisdiccional superior de la jurisdicción ordinaria de ese Estado miembro la conformidad con el Derecho de la Unión de una sentencia del órgano jurisdiccional superior de la jurisdicción contencioso-administrativa de dicho Estado miembro en el marco de un recurso de casación.

    – Ver sentencia: STJ 21-12-2021. Cont público.Directiva recursos.Italia