CNMC. 30 recomendaciones a los poderes públicos para fomentar la competencia como motor de la recuperación económica (07-07/2021)

  • Las recomendaciones contienen tres decálogos para la regulación de los mercados, las ayudas públicas y la contratación pública, que pueden servir para sacar el máximo provecho de los fondos de recuperación de la UE.
  • La CNMC publica un documento dirigido a todos los poderes públicos, que recoge 30 principios estructurados en 3 decálogos para una intervención pública pro competitiva que estimule una recuperación económica sólida, inclusiva, sostenible e innovadora.

    La competencia como motor de una recuperación económica sólida, inclusiva y sostenible

    La competencia aporta importantes beneficios para el conjunto de la sociedad. Favorece a los consumidores de forma directa al conducir a menores precios, mayor calidad y variedad de los productos. Al mismo tiempo, supone un estímulo a la inversión, la innovación, la competitividad y la productividad, creando empleo y oportunidades de emprendimiento.

    La competencia favorece el acceso a los bienes y servicios más básicos (productos farmacéuticos o sanitarios, alimentación, suministros, transporte, vivienda…) al menor coste posible.

    Además, la competencia es clave para el logro de los objetivos de la doble transición, ecológica y digital, que crearán una economía más fuerte en el futuro. En un entorno de competencia, las empresas tienen mayores incentivos y oportunidades para ser más verdes y más digitales.

    La CNMC centra sus recomendaciones en tres áreas donde la intervención pública puede tener un mayor impacto en la competencia: la regulación de los mercados, las ayudas públicas y la contratación pública.

    1- Decálogo para una regulación eficiente

    La regulación eficiente requiere que las normas que afectan al acceso y ejercicio de actividades económicas sean necesarias y proporcionadas para alcanzar los intereses públicos perseguidos, evitando la introducción de barreras a la competencia. Deben evitarse medidas proteccionistas o que rompan la neutralidad competitiva cuando estas no respeten los principios de buena regulación.

    Las regulaciones deben ser objeto de planificación y ser transparentes para favorecer la predictibilidad y la seguridad jurídica y la capacidad de competir de pymes y autónomos en los mercados. Al mismo tiempo, la regulación debe ser objeto de evaluación previa y continua, a fin de adaptarla a cambios en las circunstancias y necesidades.

    2- Decálogo para mejorar la eficacia de las ayudas públicas

    Las ayudas públicas tienen un enorme potencial para posibilitar que la recuperación económica sea más rápida, sostenible y duradera. La recepción de fondos europeos vinculados al Instrumento Europeo de Recuperación, conocido como “Next Generation EU”, implementado mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, supone una gran oportunidad para la consecución de estos objetivos.

    Sin embargo, estos beneficios potenciales dependen de que se asegure una gestión eficiente de los fondos para el aprovechamiento de las oportunidades para una rápida recuperación. Las ayudas públicas deben instrumentarse evitando que introduzcan distorsiones e ineficiencias que perjudiquen la libre competencia y el bienestar económico general.

    La CNMC recomienda reforzar la planificación y evaluación de las ayudas, antes y después de su ejecución de las ayudas. Recomienda también promover la transparencia y concurrencia de empresas, especialmente pymes y autónomos, y utilizar mecanismos competitivos para su adjudicación siempre que sea posible. El diseño de las ayudas debe promover su efecto incentivador para conseguir un cambio real de comportamiento de las empresas, apostar por la recuperación de las empresas eficientes y por una transformación digital y medioambiental que promueva la competencia y la mejora de la competitividad.

    3-Decálogo para la eficiencia de la contratación pública

    La contratación pública tiene un notable peso en el PIB nacional (entre un 10% y un 20%) y una capacidad de arrastre importante sobre el conjunto de la economía. En los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la contratación pública, además de maximizar la eficiencia de los recursos públicos, persiga otros objetivos estratégicos de contenido social o medioambiental, manteniendo como ejes fundamentales, igualmente, la lucha contra el fraude y la corrupción.

    La contratación pública correctamente diseñada y ejecutada puede contribuir de forma efectiva a los objetivos de la Agenda 2030, pero debe fijar parámetros que garanticen su objetividad. Además, debe apostar por la digitalización de la información a través de la contratación electrónica, con la consecuente mejora de transparencia para potenciales licitadores.

    En aras del principio de neutralidad competitiva, debe establecerse un marco que garantice unas condiciones de competencia objetivas y no discriminatorias en la contratación pública. Se debe potenciar la concurrencia del mayor número de operadores (en especial de las pymes), apostando por la planificación del aprovisionamiento público, la publicidad proactiva, la anticipación de la información y el diseño de plazos efectivos de presentación de ofertas y de ejecución lo suficientemente amplios para permitir la correcta migración de los servicios por parte de las empresas adjudicatarias.

    Además, debe invertirse en la profesionalización de los responsables de compras, proporcionándoles las herramientas necesarias, además de los medios humanos y la formación adecuada.

    En concreto, las 10 recomendaciones en materia de contratación pública son:

    4.1. Realizar una planificación estratégica de las necesidades de aprovisionamiento
    4.2. Promover la competencia, la transparencia y la concurrencia de empresas, especialmente las pymes
    4.3. Restringir la utilización de alternativas a la contratación pública, como convenios y encargos
    4.4. Mejorar la capacitación de los responsables de contratación y el grado de conocimiento de los mercados
    4.5. Velar por la neutralidad competitiva, evitando medidas proteccionistas
    4.6. Promover la transformación ecológica y digital a través de la competencia
    4.7. Apostar por la digitalización de la información relativa a contratación pública
    4.8. Promover la competencia en la colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos de transformación estructural de la economía
    4.9. Implantar una cultura de evaluación de los efectos de la contratación pública
    4.10. Contar con el apoyo y asesoramiento de las autoridades de competencia

    – Ver recomendaciones: https://www.cnmc.es/guia-recomendaciones-poderes-publicos