Madrid, 2 de septiembre de 2021.-

Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados de los análisis y comprobaciones realizados sobre las cuentas generales del ejercicio 2019 rendidas por las entidades locales, así como sobre la información relativa a los contratos y convenios celebrados durante el referido ejercicio y sobre la información en materia de control interno remitida por los órganos de Intervención local, que incluye los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en materia de ingresos del mismo periodo.

Los objetivos de la fiscalización han consistido en examinar: la composición del censo del sector público local y el cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales del ejercicio 2019; el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa para la aprobación y liquidación de los presupuestos y para la formación, aprobación y rendición de la cuenta general; la integridad y la coherencia de la información contenida en las cuentas rendidas; las principales magnitudes económico-financieras y presupuestarias agregadas derivadas de las cuentas generales rendidas; el cumplimiento de la obligación de remisión de las cuentas anuales de las entidades dependientes y adscritas; y el cumplimiento de la obligación por las entidades locales de remitir al Tribunal de Cuentas la información preceptiva en materia de contratación y de convenios, así como, por parte de los órganos de Intervención, la información en materia de control interno de las entidades locales.

Se han realizado análisis específicos sobre el endeudamiento, los indicadores financieros y presupuestarios de las memorias de las cuentas rendidas, las principales magnitudes económico-patrimoniales derivadas de las cuentas anuales de las entidades dependientes o adscritas, así como sobre el cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en lo relativo a las obligaciones de publicidad activa de la información presupuestaria, de las cuentas generales y de la información relativa a la contratación.

Además, se ha efectuado el seguimiento de las recomendaciones de anteriores informes de fiscalización del sector local del Tribunal y de las resoluciones correlativas a dichos informes de la Comisión Mixta Congreso Senado (en adelante, Comisión Mixta) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Del Informe resultan, entre otras, las siguientes conclusiones:

En relación con las Cuentas Generales de las entidades locales

El censo de entidades obligadas a rendir cuentas del ejercicio 2019 ascendía a un total de 12.932 entidades locales, además de otras 2.648 dependientes o adscritas, sin incluir las entidades instrumentales del País Vasco y Navarra; por lo que el censo del sector público local integrado ascendía a 15.580 entidades a 31 de diciembre de 2019.

En el ejercicio 2019, excepcionalmente, el plazo de rendición de la cuenta general de las entidades locales se amplió en 99 días, en aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, lo que determinó que la cuenta general debiera rendirse al Tribunal de Cuentas antes del 22 de enero de 2021.

A los efectos de elaboración del presente Informe, con el fin de ofrecer una visión homogénea de los niveles de rendición, ha sido considerada como rendición en plazo aquella realizada al Tribunal de Cuentas conforme al límite temporal establecido en la normativa estatal, ampliado en el tiempo de duración efectiva del estado de alarma.

De ello resulta que el 62 % de las entidades locales del territorio nacional, excluidas las del País Vasco y Navarra, rindieron la cuenta general dentro del plazo legal y, a 7 de abril de 2021, habían rendido cuentas el 73 % del total; porcentajes de rendición superiores a los del ejercicio anterior, que fueron de un 55% y un 71%, respectivamente. El incremento general del nivel de rendición de cuentas en el ejercicio 2019 supone un cambio en la tendencia al empeoramiento de la rendición producida en los últimos ejercicios, señalada en anteriores Informes de fiscalización sobre el Sector Público Local. Destaca especialmente la mejora de la rendición en plazo producida en los cabildos y consejos insulares, pasando de un 10% en el ejercicio 2018 a un 60% en el ejercicio 2019, así como el incremento que ha tenido lugar en los ayuntamientos, que han pasado del 58% en las cuentas de 2018 al 68% en las del ejercicio 2019.

Por comunidades autónomas, las entidades locales de Andalucía y Región de Murcia registraron los niveles de rendición más bajos a 7 de abril de 2021, con el 45% y el 52%, respectivamente. En cambio, las que presentan los mayores niveles de rendición a la referida fecha son las entidades locales de la Comunitat Valenciana (con el 97%) y de las Comunidades Autónomas de Aragón (95%), Galicia (94%), Cataluña y Madrid (ambas con el 89%), teniendo todas ellas como característica común que en su normativa autonómica se prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades locales que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas.

A 7 de abril de 2021, había ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes, tres cabildos y consejos insulares y cinco diputaciones provinciales que no habían rendido las cuentas generales del ejercicio 2019. Al cierre de los trabajos de fiscalización seguían sin rendir la cuenta general cinco ayuntamientos de dicho tramo de población, dos cabildos y consejos insulares y tres diputaciones.

En relación con la integridad y coherencia de la Cuenta General

Del total de las 816 cuentas generales rendidas de 2019 de entidades locales que tenían entidades dependientes o adscritas, sin incluir las del País Vasco y Navarra, el 14 % no integraba la totalidad de las cuentas anuales de dichas entidades instrumentales.

A partir de las validaciones establecidas en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales del Tribunal de Cuentas sobre la documentación complementaria que debe acompañar a la cuenta general, se ha verificado que un total de 38 entidades locales u organismos autónomos no habían remitido la información de tesorería y otros 88 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o entidades locales supramunicipales no habían adjuntado las preceptivas memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

En relación con las magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales agregadas del sector local
El presupuesto agregado del conjunto de las entidades locales que han remitido sus cuentas incluye unos créditos iniciales por un importe total de 44.002 millones de euros, siendo el presupuesto definitivo de 58.438 millones, habiéndose incrementado, en consecuencia, en un 33%. Las obligaciones reconocidas netas fueron de 45.352 millones, lo que supone una ejecución presupuestaria del 78 %, y el nivel de realización de pagos llegó al 91 % de aquellas.

Los principales gastos para el conjunto de entidades fueron los gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios, con un 30% y un 31% del total, respectivamente, ascendiendo las transferencias corrientes y de capital a un 18 % del gasto del ejercicio.

Para las entidades que rindieron cuentas de los tres últimos ejercicios, los gastos realizados en 2019 se incrementaron en un 5%, respecto al periodo anterior, y un 10% en relación con el año 2017, si bien en los ayuntamientos de población entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes disminuyeron un 9%, así como en los cabildos y consejos insulares y agrupaciones de municipios, con un descenso del 2% y 6%, respectivamente.

Las previsiones iniciales del presupuesto de ingresos se elevaron a un total de 44.651 millones de euros, con unas previsiones definitivas por importe de 59.181 millones. Los derechos reconocidos netos ascendieron a 47.193 millones, con un grado de ejecución presupuestaria del 80 % y un grado de realización de los cobros del 89%.

Los ingresos procedían fundamentalmente de las transferencias corrientes, sobre todo del Estado, y los impuestos directos, que suponían un 37% y un 36%, respectivamente, de los derechos reconocidos netos totales.

Del total de deudores pendientes de cobro al inicio del ejercicio 2019, se recaudaron a lo largo del mismo el 23%, se anuló o canceló el 6% y el 71% restante permanecía pendiente de cobro al cierre del ejercicio. Las cancelaciones por insolvencias se redujeron un 33% y las bajas por otras causas disminuyeron en un 34%.

El resultado presupuestario ajustado, para el conjunto de entidades que rindieron las cuentas del ejercicio 2019, disminuyó un 51% respecto al ejercicio anterior. El ahorro bruto y neto se redujo en un 9% en relación con el ejercicio precedente.

El remanente de tesorería agregado ascendió a 26.072 millones de euros. Una vez descontados los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, el remanente de tesorería para gastos generales se elevó a 14.452 millones, lo que pone de manifiesto una situación de solvencia a corto plazo positiva.

Por su parte, el endeudamiento de las entidades locales había disminuido un 11% respecto al ejercicio anterior y un 20% en relación con el ejercicio 2017. El mayor nivel de deuda correspondía a los ayuntamientos de mayor población, siendo la tendencia general decreciente en la mayoría de los tramos de población.

Del análisis de varios de los indicadores contenidos en las memorias de las cuentas de los últimos ejercicios, se observa una mejora general de la liquidez inmediata y una tendencia al incremento del gasto presupuestario y del gasto de inversión por habitante, con una evolución a la baja de los indicadores relativos al endeudamiento.

En relación con las entidades dependientes y adscritas al sector público local
Estas entidades presentaban un nivel de rendición de las cuentas anuales, a 7 de abril de 2021, del 77%, superior en nueve puntos al del ejercicio anterior.

El 7 % de empresas públicas locales que rindieron cuentas se encontraban en situación de disolución o sin actividad. Un total de 126 empresas tenían un importe neto de la cifra de negocios igual a cero, el 67% de las cuales figuraban como activas, el 25 % en disolución y el 8 % como inactivas. El 9% del total de empresas tenían patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, encontrándose en causa legal de disolución si no procedían a su reequilibrio patrimonial.

El endeudamiento de las empresas públicas locales suponía el 35 % del activo total en las sociedades mercantiles y el 36 % en las entidades públicas empresariales.

En relación con la información recibida en materia de contratación pública

Las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 32% dentro de la fecha límite prevista y otro 22% fuera de plazo.

En un total de 1.718 contratos comunicados en las relaciones anuales, con un importe global adjudicado de 1.941 millones de euros, se incumplió la obligación de remisión del extracto del expediente de contratación. Este incumplimiento se corresponde en su mayoría a contratos de servicios y de obras.

En relación con la información recibida en materia convenios

El nivel de cumplimiento de la obligación de remisión de las relaciones anuales de convenios en 2019 fue del 14% de las entidades locales, dentro de plazo, y de otro 21% fuera de él. El 24% de las entidades obligadas remitió certificaciones negativas.

En un total de 523 convenios que figuraban en las relaciones anuales, y cuyos compromisos económicos asumidos ascendían a un total de 2.779 millones de euros, se incumplió la obligación de remisión del respectivo expediente, excediendo su importe los límites que hacían preceptivo el envío de dicha documentación.

En relación con la información en materia de control interno

El nivel de cumplimiento de la obligación de remisión, por parte de los órganos de la Intervención local, de la información relativa al control interno del ejercicio 2019, fue de un 30%, en plazo, y de un 50%, a 30 de abril de 2021.

De la información recibida, en un 61% del total de entidades se consideraba insuficiente la dotación de medios de la Intervención, habiéndose comunicado dicha circunstancia al Pleno de la Corporación en el 46% de ellas.

El 57 % del total de entidades aplicaban el régimen de control simplificado, mientras que el 42 % tenían establecido el sistema de fiscalización limitada previa de requisitos básicos. Solo el 7% de las entidades locales que remitieron información sobre control interno afirmaban haber elaborado un Plan anual de control financiero posterior.

Se comunicaron un total de 56.296 acuerdos y resoluciones contrarios a reparos del órgano de Intervención, por un importe acumulado de 2.440 millones de euros, la mayoría de ellos correspondientes a expedientes de contratación y debiéndose en su mayor parte a la omisión de requisitos esenciales.

Por su parte, fueron comunicados 10.693 expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa, por un importe de 629 millones de euros, siendo la principal causa de omisión la falta de tramitación del correspondiente expediente.

Por lo que se refiere a las anomalías comunicadas en materia de ingresos, supusieron un total de 981 envíos, por un importe de 224 millones de euros, que se referían en su mayor parte a ingresos tributarios.

En relación con el análisis del cumplimiento de las recomendaciones contenidas en anteriores informes de fiscalización

Las recomendaciones contenidas en anteriores Informes anuales de fiscalización del sector público local y que han sido asumidas por la Comisión Mixta, en general, presentan un escaso grado de cumplimiento.

No han sido cumplidas las recomendaciones relativas a la homogeneización, en la normativa estatal y autonómica, de los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales y a la reducción de aquellos, ni las referidas al establecimiento de la rendición de cuentas como requisito para el acceso a subvenciones o ayudas públicas.

Se considera cumplida la recomendación de revisión de la normativa en relación con la consideración como rendidas las cuentas remitidas que no hubieran sido aprobadas por el Pleno de la Corporación, habiéndose modificado, a partir del 1 de enero de 2021, el artículo 212.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En relación con el cumplimiento de la normativa de transparencia

Existe un elevado grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, en lo relacionado con la publicación del presupuesto del ejercicio 2019, y del acceso a la correspondiente Plataforma de contratación, estatal o autonómica, por parte de los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, diputaciones y cabildos y consejos insulares, siendo menor el cumplimiento en lo relativo a las cuentas anuales de 2019.

El Informe formula una serie de recomendaciones, haciendo hincapié en que se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas.

Ver informe: https://www.tcu.es/repositorio/ef5aa7b7-a823-4698-aef5-439f386806c0/I1444.pdf