La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha publicado el Informe Anual de Supervisión de la contratación pública. Módulo I: La inseguridad jurídica en la contratación pública. La actividad consultiva.

El informe analiza la actividad de los órganos consultivos en materia de contratación pública en el año 2020.

La OIReScon considera esencial realizar un seguimiento de la actividad consultiva en materia de contratación pública, en tanto que de ella se pueden evidenciar cuáles son los asuntos o las materias que han suscitado más dudas respecto a la interpretación de las normas, dudas de las que, a su vez, se puede constatar la existencia de patologías en su aplicación.

Con ello se pretende avanzar en el análisis y diseño del mapa de riesgos en la contratación pública, coadyuvando al fortalecimiento de ésta como herramienta útil y cualificada tanto para la satisfacción de las necesidades que los poderes adjudicadores pudieran tener, como para el diseño y ejecución de políticas públicas.

En 2020 es la “Ejecución y cumplimiento de los contratos” la categoría sobre la que más consultas se plantean por parte de los órganos de contratación.

A continuación reproducimos las conclusiones y recomendación formuladas:

IV. Conclusiones.

En el ejercicio 2020 se contiene la actividad consultiva, superior al año precedente, pero sin llegar a la producción del 2018. En este sentido, tras la publicación y entrada en vigor de la LCSP en los años 2017 y 2018, parece haberse superado este periodo inicial, asentándose diversos criterios interpretativos surgiendo nuevas dudas más enfocadas a la ejecución del contrato y su cumplimiento.

Respecto a la actividad propiamente consultiva, se concluye una evolución del foco de la inseguridad jurídica planteada por los órganos de contratación, trasladándose desde la “contratación menor” en 2018 y el “tipo de contrato” en 2019, para centrarse en el 2020 en la “Ejecución y cumplimiento de los contratos”. Cabe recordar en este punto que el IAS 2020, identificó precisamente esta fase como el “reto pendiente” en lo que a publicidad en las plataformas de contratación del conjunto del sector público y transparencia se refiere, y como la fase en la que más reparos se habían producido de acuerdo a la información trasladada por los órganos de control interno económico financiero de ámbito local y autonómico.

De otra parte, se ha observado, como no podía ser de otro modo, un cierto impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 en la actividad consultiva, destacando los informes relativos a la indemnización al contratista en el caso de suspensión de un contrato en ejecución por causa de ésta y las notas informativas que respecto a los contratos de emergencia se han debido de emitir dado el aumento de contratación de este procedimiento excepcional.

V. Recomendación

Tal y como se indicaba en los anteriores IAS podría ser conveniente el establecimiento de un cauce de coordinación de criterios interpretativos que tendría su posible marco en la Sección de regulación del Comité de cooperación en materia de contratación, a efectos de impulsar la mejora del sistema de contratación mediante la existencia de criterios interpretativos uniformes y únicos para todo el territorio nacional.

– Ver informe: OIReScon.IAS 2021. MÓDULO I_ LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA_