“El juez de la Audiencia Nacional propone juzgar al expresidente de la Comunidad de Madrid y a otras cuatro personas por cohecho en las adjudicaciones de contratos vinculados al campo de golf del Canal de Isabel II”

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 decreta el sobreseimiento provisional y archivo respecto de ocho personas

Comunicación Poder Judicial, 26-05-2021.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por un delito de cohecho al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio G. y a otras cuatro personas por las presuntas ilicitudes cometidas con ocasión de la adjudicación de diversos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf del Canal.

En el auto de transformación a procedimiento abreviado, el magistrado propone juzgar junto a Ignacio G., a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso D.M., sí como a los socios de la empresa TCT José Antonio C.M., Pablo Manuel G.G. y Juan José C.E., estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid.

Al mismo tiempo, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 decreta el sobreseimiento provisional y archivo respecto de ocho personas.

El magistrado explica que esta pieza 2 del denominado ‘caso Lezo’ comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II licitado por este ente público y adjudicado en marzo de 2003 a ACS Proyectos, Obras y Construcciones S.A. que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse Dragados S.A.

Aproximadamente un año después de realizarse esta adjudicación -continúa-, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso D.M. -director gerente de CYII entre los años 2003 y 2009- y Jaime Ignacio G.G. -presidente del ente público CYII y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012-, “con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación.”

Guiados por dicho fin, apunta, convinieron con Dragados que Canal le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L.-TCT- cuyos socios eran los investigados José Antonio C.M., Pablo Manuel G.G. y Juan José C.E., si bien estos dos últimos, hermano y cuñado del investigado Jaime Ignacio G.G., ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con este.
La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del consejo de administración de CYII celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de los investigados Jaime Ignacio G.G. e Ildefonso D.M.

En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos a pesar de conocer que esta sociedad carecía de toda capacidad para ejecutarlos, ampliando hasta en cuatro ocasiones, entre el 10 de agosto de 2006 y el 14 de febrero de 2007, el objeto de dicha subcontratación. De esta manera, según el auto, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.

El magistrado detalla toda la operativa desplegada por los investigados y señala que “la actuación conjunta de los cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria u irregular de TCT en dos concursos públicos promovidos por CYII pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados, consiguiendo así entre los años 2006 a 2012 la obtención de un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados ambos concursos”.