En el BOE del día 20 de abril de 2021 se ha publicado la corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Entre ellas, hay dos que afectan a la contratación pública, concretamente las siguientes:

    1º. Se da nueva redacción al artículo 159.1. a) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (página 126276, disposición final cuadragésima, apartado tres):

    – Dónde dice:
    «Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado. […] a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a las cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a), y 22.1, letra a), de esta Ley, respectivamente, o a sus correspondientes actualizaciones».

    – Debe decir:
    «Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado. […] a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a), y 22.1, letra a), de esta Ley, respectivamente, o a sus correspondientes actualizaciones».

    2º. Se da nueva redacción al artículo 86.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (página 126256, disposición final trigésima cuarta, apartado dos)

    – Donde dice:
    «1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre».

    – Debe decir:
    «1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014».