El Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como objeto la fiscalización de la gestión económico-financiera llevada a cabo por los ayuntamientos de la Región de Murcia en relación con el patrimonio inmobiliario de titularidad municipal en los que no se desarrollaba actividad y con obras en curso paralizadas, así como de su situación contable.
Por lo que se refiere a las obras públicas, la fiscalización ha identificado 30 obras paralizadas en los ayuntamientos fiscalizados. De estás, más de la mitad de los contratos para su construcción fueron formalizados antes del 31 de diciembre de 2011. Los recursos invertidos y paralizados ascendieron a 20.607.984,24 euros, siendo el origen de la mayor parte de las paralizaciones la falta de abono de las certificaciones de obra o la demora en los pagos por parte de los ayuntamientos por la falta de recursos para continuar con su ejecución. Algunas de las obras paralizadas recibieron financiación de la Comunidad Autónoma para su realización y no la aplicaron en su totalidad a los fines previstos y no se justificaron y liquidaron las subvenciones ante la entidad concedente en los plazos inicialmente fijados y de acuerdo con las condiciones establecidas.
