TRIBUNAL DE CUENTAS. Informe nº 1400, global del sector público autonómico. Ejercicio 2017

    El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe Global del sector público autonómico, ejercicio 2017”. Este Informe, que se elabora anualmente, expone los datos más relevantes contenidos en los informes de las fiscalizaciones elaborados por el Tribunal de Cuentas y por los Órganos de Control Externo autonómicos (OCEx) en relación con la rendición de cuentas y remisión de contratos, la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión en las áreas de endeudamiento, avales, gasto sanitario y contratación administrativa desde la perspectiva del sometimiento a los principios de legalidad, eficiencia y economía. Asimismo, se exponen los resultados relativos a la participación en los Fondos de Compensación Interterritorial y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

    Se exponen también los resultados de la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, así como de las prescripciones de transparencia, en este caso exclusivamente los correspondientes a las CCAA fiscalizadas por este Tribunal y el Consejo de Cuentas de Galicia, ya que el resto de OCEx no lo incorporan a sus actividades fiscalizadoras.

    Con el objetivo de obtener y proporcionar unos resultados fiscalizadores lo más amplios y homogéneos, además de las Administraciones Generales, se han fiscalizado empresas, fundaciones y consorcios públicos autonómicos, así como las universidades públicas pertenecientes al citado sector

    El informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:

    El porcentaje de las cuentas rendidas en plazo ascendió al 83,5 %, las rendidas fuera de plazo al 7,8 % y las no rendidas al 8,7 %. Estos resultados indican que el nivel de rendición en plazo ha mejorado respecto a los ejercicios anteriores, , manteniéndose estable en las no rendidas respecto al año pasado, en el que se produjo una notable mejoría respecto a años anteriores. Los principales retrasos e incumplimientos se presentan en los consorcios (35 %), fundaciones (34,6 %) y empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad (31,7 %).

    El número de contratos correspondientes al 2017 remitidos al Tribunal de Cuentas y a los OCEx, excluidos los contratos menores, ascendieron a 23.770, por importe conjunto superior a 8.786 millones de euros.

    En relación con la información contenida en las cuentas anuales de las Administraciones Generales de las CCAA, sus OOAA y entes públicos, en el Informe se indica:

  • En relación con la actividad económico-financiera de las Administraciones Generales se indica que, al igual que en ejercicios anteriores, algunas Comunidades presentan la información presupuestaria con diferencia entre los créditos finales y las previsiones finales, lo que viene motivado porque no registran en el estado de ingresos las modificaciones presupuestarias que deben financiar las correspondientes del presupuesto de gastos, por lo que no mantienen el equilibrio presupuestario. Para el conjunto de las Administraciones Públicas las modificaciones han supuesto un 6,9% de incremento de los créditos iniciales y un 6,2 % de las previsiones iniciales.
  • En el conjunto de las Administraciones Públicas autonómicas, el resultado presupuestario, ha sido negativo, si bien supone una mejora del 41,8 % respecto al ejercicio 2016, que también fue negativo. Por el contrario, el saldo presupuestario resultó positivo y su importe fue un 22,1 % superior al del ejercicio anterior.
  • El valor del inmovilizado del conjunto de estas Administraciones Públicas ascendió a 114.006 millones de euros. Con carácter general, en la gestión de estos activos, no se cuenta con inventarios de bienes y derechos completos y debidamente valorados y, en algunos casos, no hay concordancia entre los datos contables y los del inventario.
  • El remanente de tesorería en su conjunto fue negativo, por importe de 282 millones de euros, frente a un remanente también negativo en 2016 de 1.753 millones de euros. Las CCAA que tienen remanentes de tesorería negativos en el ejercicio 2017 son Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias y la Comunitat Valenciana.
  • Con carácter general, las Memorias de las Cuentas Generales de las CCAA se presentan incompletas, no incluyendo suficiente información que permita ampliar y completar la contenida en los estados financieros y en algunas comunidades la estructura de la Memoria no se adapta a sus respectivos Planes Generales de Contabilidad Pública.
  • El saldo del endeudamiento de las Administraciones Generales ha pasado de 254.743 millones de euros a 1 de enero de 2017, a 266.781 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, lo que supone una variación anual media del 5 %.
  • Las Administraciones generales de las comunidades y ciudades autónomas no han concedido avales en el periodo fiscalizado, con excepción de las CCAA de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y País Vasco.

    • En relación con el gasto sanitario del sector público autonómico, en el ejercicio 2017 ascendió a 63.540 millones de euros, lo que representaba el 5,5 % del PIB. El gasto per cápita medio fue de 1.370 euros por habitante. Un 44,3 % de dicho gasto ha sido originado por tres comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid. El gasto en retribución de asalariados alcanzó la cifra global de 28.657 millones de euros, lo que representa el 45,1 % del gasto consolidado del sector, y experimentó un incremento de un 2,2 % respecto al año anterior. El gasto en farmacia se cifró en 10.704 millones de euros, lo que representa el 16,8 % del gasto consolidado del sector, y experimentó un aumento de un 3,5 % respecto al año anterior.

    En materia de contratación, como en ejercicios anteriores, se observa una insuficiente justificación de la necesidad de celebrar el contrato, deficiencias en el establecimiento, definición y aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios; ausencia de informes o estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado; en algunos expedientes de contratación seguidos por los trámites de urgencia o emergencia no resulta debidamente documentada la concurrencia de las circunstancias legalmente exigidas. Se observan también incumplimientos en los plazos de ejecución de las prestaciones correspondientes al contratista y, en los que se aprecia que el contratista por causas imputables al mismo ha incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total, la Administración no siempre ha ejercitado alguna de las opciones que le atribuye la normativa, sea la resolución del contrato o la imposición de penalidades.

    En relación con las cuentas anuales presentadas por las empresas, fundaciones, consorcios y universidades, entre los más aspectos más relevantes que señala el Informe, destacan:

  • El activo total del sector empresarial autonómico, en términos agregados, ascendió a 70.003 millones de euros y presentaba en su totalidad resultados de explotación negativos, por importe de 2.405 millones de euros.
  • El resultado total en el ejercicio para el conjunto del subsector fundacional presentó un déficit de 11 millones de euros, frente al déficit de 30 millones de euros del ejercicio 2016. Las subvenciones aplicadas al ejercicio han ascendido a 851 millones de euros, superiores en un 10 % a las aplicadas en el ejercicio anterior.
  • Respecto a los consorcios, se insiste en la necesidad de completar y delimitar con precisión el registro de los que conforman el sector público autonómico dada la variedad de entidades consorciadas, lo que dificulta la adscripción de los mismos al correspondiente sector local o autonómico.
  • Para los tres subsectores, la financiación sigue procediendo, en un importante porcentaje, de las subvenciones que perciben de la comunidad autónoma respectiva y, en menor medida, de otras Administraciones (estatal y/o europea) y de los ingresos por la realización de trabajos, en su mayoría por encargo de las propias administraciones autonómicas.
  • En el subsector universidades, el total de las modificaciones reales sobre los créditos inicialmente aprobados supone un incremento del 26 %, lo que pone de manifiesto que las universidades deberían elaborar con rigor sus presupuestos antes del comienzo del correspondiente ejercicio económico, incluyendo en los mismos toda su actividad docente e investigadora, de modo que, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales sean las menos posibles, y, en todo caso, debidamente justificadas y acompañadas de la correspondiente financiación.

    • Respecto a los Fondos de Compensación Interterritorial, la cuantía global de los mismos previstos para 2017 ascendió a 432 millones de euros, como en los tres ejercicios anteriores. De igual forma, las dotaciones se han destinado nuevamente a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Principado de Asturias, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

    El objetivo de estabilidad del ejercicio 2017 fijado para las comunidades autónomas fue de un déficit del 0,6 % del PIB. El déficit global a efectos de la verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria ascendió a 4.221 millones de euros, el 0,36 % del PIB nacional, por lo que se ha cumplido el objetivo para el conjunto del subsector autonómico, si bien han incumplido el objetivo individual las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla cumplieron con el objetivo de equilibrio presupuestario.

    Todas las comunidades autónomas han incumplido la regla de gasto, con la excepción de Canarias, Cantabria, Extremadura e Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La totalidad del subsector autonómico cumplió los objetivos previstos para deuda pública.

    – Ver informe: TCuentas.Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2017