Balance de actividad de la Sección de Enjuiciamiento de la Institución, Ejercicio 2019

• Durante 2019, el Tribunal de Cuentas impuso condenas por responsabilidad contable por un importe de 22.611.341,25 euros.
• La Unidad de Actuaciones Previas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal ha levantado actas de liquidación provisional por valor de 3.732.644,06 euros -de los que 3.432.746,87 correspondieron al importe principal y 299.897,19 a intereses legales-.
• Tras detectar indicios de presuntas responsabilidades contables, la Sección de Enjuiciamiento tramitó, en 2019: 335 diligencias preliminares; 151 actuaciones previas; 44 acciones públicas y 25 denuncias de particulares.
• Durante el ejercicio 2019, se han resuelto 522 asuntos, entre los que se incluyen 305 diligencias preliminares, 177 procedimientos de instancia, incluida la ejecución, 1 cancelación de fianza y 39 asuntos resueltos en segunda instancia en la Sala de Justicia.

Madrid,4 de septiembre de 2020.- La actividad realizada en 2019 por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dado lugar al levantamiento de Actas de Liquidación provisional por un total de 3.732.644,06  euros, de los que 3.432.746,87 corresponden al principal y 299.897,19 a intereses legales. Estas cantidades, son el resultado de las Actas de Liquidación positivas de las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidad contable que en el citado año han ascendido a 20.

La jurisdicción contable impuso, así mismo, condenas por responsabilidad contable por importe de 22.611.341,25 euros que, previa la ejecución, se reintegrarán en el Erario Público. De la citada cantidad: 9.356.232,77 corresponden a Sentencias en primera instancia, 13,255,108,48 euros en segunda instancia. Los Autos de sobreseimiento por reintegro ascendieron a la cantidad de 102.887,89 euros.

Junto con la de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ejerce una función de enjuiciamiento contable -de naturaleza jurisdiccional-. Con esta actividad, la Institución tiene la potestad de poder exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su actuación se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público. Esta función, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por la Institución sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. El enjuiciamiento contable es compatible con la que, sobre estos mismos hechos,con el que pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.

Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2019 la Sección de Enjuiciamiento de la Institución ha tramitado un total de 335 diligencias preliminares. De estas, 124 procedían de Informes de fiscalización tramitados por el Tribunal de Cuentas, 71 de Informes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, 71 de Informes de otras Instituciones Públicas y el resto, 69, de comunicaciones de acciones públicas en un total de 44, y 25 de denuncias de particulares.

En cuanto a las 190 actuaciones previas ingresadas durante 2019 -de las que han sido resueltas 151, desglosadas por sectores y ámbito territorial, cabe señalar que: han correspondido 35 al sector público estatal, incluyendo la Seguridad Social; 63  al sector público autonómico y 92 al sector público local. Como consecuencia de las actuaciones previas que fueron resueltas durante 2018, la Sección de Enjuiciamiento inició 177 procedimientos de responsabilidad contable.

En relación con la actividad de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas cabe señalar que, a 31 de diciembre de 2018, se encontraban pendientes de resolver 7 asuntos;  y que, en 2019, se interpusieron un total de 55 recursos -incluyendo los de apelación y otros varios -, y se resolvieron 39; de estos, 20 fueron sentencias y 19 autos.

En cuanto a las sentencias dictadas durante el año pasado por la Sala de Justicia cabe señalar, entre otras, la nº13/19, dictada el 17 de julio, en la que una vez analizado el caudal probatorio aportado a la causa, la Sala de Justicia no llega a las mismas conclusiones que las contenidas en la sentencia impugnada -el daño económico producido por la enajenación de activos inmobiliarios, en un caso motivado por el pago no justificado de servicios de intermediación inmobiliaria, y en otros dos casos por la venta de inmuebles por debajo del mínimo jurídicamente exigible-. La Sala considera que en la venta de las promociones inmobiliarias y demás bienes inmuebles municipales a los que se refiere, no existe la causa eficiente productora del menoscabo en el erario municipal, al quedar demostrado que no ha existido un daño económico patrimonial en los fondos públicos municipales.

También cabe destacar la Sentencia nº 14/19, dictada el 26 de julio, en la que  la Sala de Justicia comparte el criterio jurídico de la Consejera de instancia en cuanto a que la votación del 9-N se celebró en contra de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y ese hecho innegable pone de manifiesto la persistente intención de llevar a cabo la consulta sin consideraciones de otro tipo por lo que, la única conclusión posible es que los gastos invertidos en el denominado proceso participativo carecieron de justificación y dieron lugar a un saldo deudor injustificado en los fondos públicos de la Generalidad de Cataluña, constitutivo de alcance en el sentido del artículo 72.1 de la LFTCu.

Divulgación y colaboración internacional

Durante el año 2019 el Tribunal de Cuentas ha continuado participando en diversos foros para dar a conocer sus competencias y funciones. Entre ellos, cabe destacar la III Reunión del Foro de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) con Funciones Jurisdiccionales, que se celebró en el mes de enero de 2019 en la sede del Tribunal de Cuentas de Turquía. Entre sus principales objetivos se encontraba el intercambio de conocimiento y experiencias sobre las herramientas utilizadas para luchar contra el fraude y la corrupción

En virtud del acuerdo de colaboración para promover relaciones de cooperación técnica entre la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador y el Tribunal de Cuentas de España con el fin de enriquecer y desarrollar actividades de control externo, durante el mes de febrero se celebró en Quito un Seminario sobre “Tribunales de Cuentas y Control Público”, en el que se intercambió información sobre la estructura, buenas prácticas y funcionamiento del Tribunal de Cuentas de España y, en especial, de su función jurisdiccional, dado que la Contraloría General del Estado de la República de Ecuador había presentado un proyecto de ley para estructurarse como Tribunal de Cuentas con función jurisdiccional.

Asimismo, en el marco de la Presidencia de Rumania del Consejo de la Unión Europea, su EFS organizó en Bucarest una conferencia sobre la “Innovación en materia de auditoría de la UE y el aumento de la función consultiva de las EFS en beneficio de la sociedad” y en el marco del XXIII Congreso de INTOSAI, celebrado en Moscú del 25 al 27 de septiembre tuvo lugar una reunión de trabajo en la que participaron representantes de las 31 EFS miembros del “Foro de EFS con funciones jurisdiccionales”, entre ellas el Tribunal de Cuentas de España. En la primera de dichas reuniones internacionales, el Presidente de la Sección de Enjuiciamiento intervino con una ponencia sobre la Fiscalización de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, mientras que en la reunión celebrada en Moscú fue el Presidente de la Sección de Fiscalización el que representó al Tribunal de Cuentas de España.