• Un 55% de las entidades locales rindieron la cuenta general dentro del plazo legal; y, a 31 de diciembre de 2019, la habían rendido el 71% de ellas; porcentajes inferiores a los del ejercicio anterior, con un 60% y un 75%, respectivamente, y que se consideran insuficientes.
• Las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos y convenios, así como los extractos de expedientes de estos que figuraban en dichas relaciones.
• El Tribunal resalta la necesidad de que se proceda al cumplimiento de las recomendaciones que viene realizando reiteradamente y a las que aún no se ha dado cumplimiento: entre ellas, destaca las dirigidas a promover la rendición de cuentas.

Madrid, 10 de julio de 2020.- Este Informe de fiscalización, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados de los análisis y comprobaciones realizados sobre las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2018 rendidas por las entidades locales, directamente a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales o bien a través de otras plataformas o procedente de otras Instituciones, así como sobre la información relativa a los contratos y convenios celebrados durante el referido ejercicio y sobre los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y anomalías en materia de ingresos del mismo periodo. Entre otros, los objetivos de la fiscalización han consistido en examinar:

• La composición del censo del sector público local y el cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales del ejercicio 2018.
• El cumplimiento de los plazos previstos en la normativa para la aprobación de los presupuestos y para la formación, aprobación y rendición de la cuenta general.
• La integridad y la coherencia de la información contenida en las cuentas rendidas.
• La observancia de la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas, por parte de las entidades locales, la información en materia de contratación y de convenios, así como, por parte de los órganos de Intervención local, la información sobre el sistema de control interno de las entidades locales.

Asimismo, se han realizado análisis específicos sobre el endeudamiento, las empresas públicas locales y los indicadores financieros y presupuestarios de las cuentas rendidas; también se ha llevado a cabo el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal en anteriores Informes anuales de fiscalización del Sector Público Local y de lo dispuesto en las correspondientes resoluciones de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

El Informe recoge, entre otras, las siguientes conclusiones:

– En relación con las cuentas generales de las entidades locales:

El número de entidades locales obligadas a rendir las cuentas del ejercicio 2018 ascendía a 12.933, que además contaban con 2.678 entidades dependientes o adscritas, en su mayor parte sociedades mercantiles y organismos autónomos, sin incluir las entidades instrumentales del País Vasco y Navarra.

Los plazos de rendición de las cuentas generales resultan excesivamente dilatados y, en el caso de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León y Madrid, el plazo de rendición previsto en la legislación autonómica (31 de octubre del ejercicio posterior) difiere del plazo de la normativa estatal (15 de octubre del ejercicio siguiente), lo que afecta a la homogeneidad de la información sobre dicha rendición.

El 55% de las entidades locales del territorio nacional, excluidas las del País Vasco y Navarra, rindieron la cuenta general dentro del plazo legal y, a 31 de diciembre de 2019, habían rendido cuentas el 71% del total; porcentajes inferiores a los del ejercicio anterior, con un 60% y un 75%, respectivamente, y que se consideran insuficientes. Los niveles más bajos de rendición en plazo correspondían a los cabildos y consejos insulares (un 10%), las agrupaciones de municipios (un 21%) y las mancomunidades (un 41%).

Por comunidades autónomas, los niveles más bajos de rendición correspondían a Andalucía, tanto en plazo (un 27%) como al final del ejercicio siguiente (un 38%), mientras que los niveles más altos de rendición fueron los de la Comunitat Valenciana y Aragón, con un 95% y un 91%, respectivamente, a 31 de diciembre de 2019. Estas últimas comunidades cuentan con normativa que condiciona la concesión de subvenciones o ayudas públicas al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

A 31 de diciembre de 2019, había un total de 15 ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes, 6 cabildos y consejos insulares y 3 diputaciones provinciales que no habían rendido las cuentas generales del ejercicio 2018. Al cierre de la fiscalización seguían sin presentarlas 6 ayuntamientos superiores a dicha población y 3 cabildos.

– En relación a las magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales agregadas del sector local

El presupuesto agregado del conjunto de las entidades locales que han rendido sus cuentas incluye unos créditos iniciales por importe de 45.439 millones de euros, con un presupuesto definitivo de 59.260 millones, habiéndose incrementado en un 30%. Las obligaciones reconocidas netas fueron de 45.179 millones, con una ejecución presupuestaria del 76%, y el nivel de realización de pagos llegó al 90% de aquellas.

Los principales gastos del ejercicio fueron los de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios, con un 30% y un 31% del total, respectivamente, llegando las transferencias corrientes y de capital a un 19% y las inversiones al 12% del total.

Para las entidades que rindieron cuentas de los tres últimos ejercicios, los gastos realizados en 2018 se incrementaron en un 5% respecto al ejercicio anterior, si bien en los ayuntamientos de población entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes se incrementaron en un 12% y en las diputaciones provinciales solo aumentó en un 1%.

Los gastos pendientes de aplicar a presupuesto aumentaron significativamente en las entidades que habían rendido las cuentas de 2018, en concreto un 9%, y los pagos pendientes de aplicación disminuyeron en un 2%.

En cuanto a los ingresos, procedían fundamentalmente de las transferencias corrientes, sobre todo del Estado, y de los impuestos directos, representando un 37% y un 36%, respectivamente, de los derechos reconocidos netos.

Del total de deudores pendientes de cobro al inicio del ejercicio 2018, se recaudaron a lo largo del mismo el 31%, se anuló o canceló el 7% y permanecía pendiente de cobro al cierre del ejercicio el 62% restante. Las cancelaciones por insolvencias se redujeron un 37% y las bajas por otras causas disminuyeron en un 33%.

El resultado presupuestario ajustado, para el conjunto de entidades locales que rindieron las cuentas del ejercicio 2018, disminuyó un 6% respecto al ejercicio anterior. El ahorro bruto y neto se redujo en un 9% respecto a las mismas magnitudes del ejercicio precedente. Un total de nueve entidades locales presentaban remanente de tesorería negativo superior a 3 millones de euros en el periodo fiscalizado. También presentaban valores superiores a los del ejercicio anterior los fondos líquidos al cierre del periodo, el remanente de tesorería y el fondo de maniobra, calculado por la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, lo que denota una situación financiera de solvencia a corto plazo positiva de las entidades locales.

Por su parte, el endeudamiento de las entidades locales había disminuido un 10% respecto al ejercicio anterior y un 20% en relación con el ejercicio 2016. El mayor nivel de deuda correspondía a los ayuntamientos de mayor población, si bien la mayoría de los de más de 500.000 habitantes habían reducido su endeudamiento en el periodo.

– En relación con las entidades dependientes y adscritas al sector público local

Las entidades dependientes y adscritas, excluidas las del País Vasco y Navarra, presentaban un nivel de cumplimiento de la obligación de remisión de las cuentas, a 31 de diciembre de 2019, del 68%, inferior en dos puntos al del ejercicio anterior.

Las aportaciones de las entidades locales a favor de sus entidades dependientes o adscritas ascendieron a un total de 4.475 millones de euros, de los que 3.486 millones correspondían a los ayuntamientos, disminuyendo un 6% respecto al ejercicio 2017.

El 8% de empresas públicas locales que rindieron cuentas se encontraban en situación de disolución o sin actividad, mientras que un 18% del total tenían un importe neto de la cifra de negocios igual a cero, especialmente en el caso de las empresas pequeñas. Un 23% del total de empresas presentaban pérdidas y un 9% tenían un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, lo que constituye una causa de disolución.

En términos agregados, la situación de liquidez y de solvencia a corto plazo de las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales dependientes de las entidades locales presentaba una situación favorable y una tendencia positiva.

– En relación con la contratación pública y los convenios suscritos

Las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado 4.582 entidades dentro de la fecha límite prevista y 3.919 fuera de plazo, mientras que las 5.762 restantes no las habían presentado.

Se ha detectado que respecto de 1.604 contratos, por importe de 2.366 millones de euros, que figuraban en las relaciones anuales presentadas, las entidades locales no habían cumplido la obligación de remisión del correspondiente extracto del expediente de contratación, que por importe correspondía.

Por su parte, el nivel de cumplimiento de la obligación de remisión de las relaciones anuales de convenios en 2018 fue únicamente del 14% de las entidades locales, dentro de plazo, y de otro 17%, fuera de plazo, incumpliéndose dicha obligación por el 69% restante.

En un total de 293 convenios que figuraban en las relaciones anuales, y cuyos compromisos económicos asumidos ascendían a un total de 392 millones de euros, se incumplió la obligación de remisión del respectivo extracto de expediente, lo que resultaba preceptivo por su importe.

– En relación con los acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa y principales anomalías en materia de ingresos

El nivel de cumplimiento de la obligación de remisión, por parte de los órganos de la Intervención local, de la información relativa a los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa preceptiva y de las principales anomalías en materia de ingresos, fue de un 35% en plazo, y de un 54% a 31 de diciembre de 2019.

En un 76% de las entidades locales de las que se había recibido información, no se habían producido acuerdos contrarios a reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa ni anomalías en materia de ingresos.

La mayoría de los órganos de Intervención desarrollaba una fiscalización previa de carácter pleno sobre todos los actos de carácter económico. El 44% de las entidades locales tenían implantado un sistema de fiscalización previa limitada, referida básicamente a la existencia de crédito adecuado y suficiente y a la competencia del órgano que generaba el gasto; de las cuales solo el 18% desarrollaba actuaciones de control financiero posterior sobre los aspectos no controlados a priori.

En general, únicamente el 10% de las Intervenciones de las entidades locales realizaban actuaciones de control financiero, si bien todos los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes tenían implantada esta modalidad de control.

Los interventores comunicaron en total 67.927 acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, por importe acumulado de 2.594 millones de euros, la mayoría de ellos correspondientes a expedientes de contratación y debiéndose a la omisión de requisitos esenciales. Asimismo, fueron comunicados 20.031 expedientes tramitados con omisión de la fiscalización previa, por importe de 552 millones de euros, correspondiendo en su mayor parte también a expedientes de contratación y omisión de trámites esenciales. Por su parte, las anomalías comunicadas en materia de ingresos, que supusieron 1.258 envíos, por importe de 462 millones de euros, se referían en su mayor parte a ingresos tributarios.

– En relación con el seguimiento de las recomendaciones contenidas en anteriores informes de fiscalización del sector público local

La mayor parte de las recomendaciones contenidas en anteriores Informes anuales de fiscalización del Sector Público Local, y que han sido asumidas por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, presentan un escaso grado de cumplimiento.

En concreto, los resultados del seguimiento de recomendaciones son los siguientes:

• No se han cumplido las relativas a la homogeneización, en la normativa estatal y autonómica, de los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales y a la reducción de los mismos.
• Tampoco se han cumplido las relativas a la realización de actuaciones encaminadas a promover la rendición de cuentas, como su establecimiento como requisito para el acceso a subvenciones o ayudas públicas o la adopción de medidas inmediatas, por la Administración, para hacer efectiva la rendición.
• Se ha cumplido parcialmente la recomendación de establecer medidas para garantizar que el presupuesto constituya un auténtico instrumento de planificación, gestión y toma de decisiones, mediante su aprobación y liquidación dentro de plazo.
• Se encuentra en curso de implantación la recomendación de regularizar los pagos pendientes de aplicación. En cambio, no se ha cumplido la relativa a reducir los acreedores pendientes de imputación a presupuesto, al aumentar en un 9%.

A la vista de esta situación, se siguen reiterando recomendaciones efectuadas en anteriores Informes anuales del Sector Público Local y se insiste en la necesidad de su implantación en aras de la mejora de la planificación, gestión, rendición de cuentas y control sobre la actividad económico-financiera de las entidades locales. Se hace especial hincapié en que, por parte del Gobierno y de los Ministerios competentes, se proceda a la aplicación de la retención de la participación en los tributos del Estado que corresponda a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito para el acceso a las subvenciones o ayudas públicas por las entidades locales, estar al corriente en la rendición de cuentas.

-Ver informe: https://www.tcu.es/repositorio/a44b518a-d348-444f-b8ab-22425d6e9220/I1376.pdf