UE. STJ 11-06-2020 (C-472/19). Contratos de concesión. Operador económico condenado por sentencia firme: imposibilidad de presentar prueba para demostrar la fiabilidad

STJ 11/06/2020, C-472/19, Vert Marine (ECLI:EU:C:2020:468)

«Procedimiento prejudicial — Procedimiento de adjudicación de contratos de concesión — Directiva 2014/23/UE — Artículo 38, apartado 9 — Régimen de las medidas correctoras destinadas a acreditar la recuperación de la fiabilidad de un operador económico afectado por un motivo de exclusión — Normativa nacional por la que se prohíbe a los operadores económicos en los que concurre un motivo de exclusión obligatoria participar en un procedimiento de adjudicación de contratos de concesión durante cinco años — Exclusión de toda posibilidad de que tales operadores presenten pruebas de las medidas correctoras adoptadas»

Petición de decisión prejudicial presentada en el contexto de un litigio entre Vert Marine SAS, por una parte, y el Premier ministre y el Ministre de l’Économie et des Finances de Francia, por otra, en relación con la solicitud de derogación de determinadas disposiciones del Décret n.º 2016 86, du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession.

El Conseil d’État plantea al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse la Directiva [2014/23] en el sentido de que se opone a que la legislación de un Estado miembro, en aras de la moralización de la contratación pública, pueda no ofrecer a un operador económico condenado mediante sentencia firme por una infracción de especial gravedad y contra el que se ha dictado, como consecuencia de ello, una medida de prohibición de participar en procedimientos de adjudicación de contratos de concesión durante un período de cinco años la posibilidad de presentar pruebas de que las medidas adoptadas por él son suficientes para demostrar su fiabilidad al poder adjudicador, no obstante la existencia de ese motivo de exclusión?

2)      Si bien la Directiva [2014/23] permite a los Estados miembros confiar a otras autoridades distintas del poder adjudicador en cuestión el cometido de apreciar el mecanismo de cumplimiento de los operadores, ¿permite esta facultad confiar este mecanismo a las autoridades judiciales? En caso de respuesta afirmativa, ¿pueden equipararse a los mecanismos de cumplimiento a que se refiere la Directiva los mecanismos previstos en el Derecho francés tales como el levantamiento de prohibiciones, la rehabilitación judicial y la omisión de la mención de la condena en el boletín n.º 2 del registro de antecedentes penales?»

El Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara que:

1)      El artículo 38, apartado 9, de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no concede a un operador económico condenado en firme por una de las infracciones contempladas en el artículo 38, apartado 4, de esta Directiva y que es objeto, por esa razón, de una prohibición de pleno Derecho de participar en los procedimientos de adjudicación de contratos de concesión la posibilidad de presentar pruebas de que ha adoptado medidas correctoras que pueden demostrar la recuperación de su fiabilidad.

2)      El artículo 38, apartados 9 y 10, de la Directiva 2014/23 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se confíe a las autoridades judiciales el cometido de examinar si las medidas correctoras adoptadas por un operador económico son adecuadas, siempre que el régimen nacional establecido a tal efecto respete todas las exigencias fijadas en el artículo 38, apartado 9, de esta Directiva y que el procedimiento aplicable sea compatible con los plazos impuestos por el procedimiento de adjudicación de contratos de concesión. Por otra parte, el artículo 38, apartado 9, de la Directiva 2014/23 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite a las autoridades judiciales levantar a una persona la prohibición de pleno Derecho de participar en los procedimientos de adjudicación de contratos de concesión a raíz de una condena penal, eliminar tal prohibición u omitir toda mención de la condena en el registro de antecedentes penales, siempre que tales procedimientos judiciales obedezcan efectivamente a las condiciones fijadas y al objetivo perseguido por ese régimen y, en particular, permitan que, cuando un operador económico desee participar en un procedimiento de adjudicación de contratos de concesión, se levante, con tiempo suficiente, la prohibición que le afecta, a la luz de si las medidas correctoras invocadas por ese operador y evaluadas por la autoridad judicial competente de conformidad con las exigencias previstas en esa disposición son adecuadas, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

-Ver sentencia: STJ 11-06-2020. Cont concesión.Exclusión

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