El procedimiento, llamado Fast-track, pretende dar una vía ágil a empresas y particulares que necesitan una solución inmediata ante el previsible aumento de conflictos contractuales por la afectación del Covid-19, ha explicado el TAB en un comunicado este lunes.

La crisis del coronavirus ha afectado de forma amplia “en el contenido de muchos contratos, dificultando –o impidiendo inexorablemente en muchos casos– su cumplimiento” en los términos que estaban previstos.

Esta vía dará una resolución en un plazo máximo de 36 días, de media, desde la presentación de la solicitud de arbitraje, un periodo “muy inferior al ritmo habitual de la justicia ordinaria”, que puede durar más de dos años.

“Cuenta con todas las ventajas del arbitraje convencional y aprovecha además, las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales”, ya que el procedimiento se tramitará a distancia, por correo electrónico y videoconferencia.