La mayoría de los empresarios que tienen algún tipo de relación comercial con el Estado aseguran que la ley de contratos públicos aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 no está cumpliendo con el objetivo marcado de facilitar las relaciones entre las pymes y la Administración y las empresas públicas fijando un marco legal de plazos de pagos entre las compañías y reduciendo las trabas burocráticas para acceder a este tipo de contratos por parte de las pequeñas empresas. Un fracaso para el 81% de las mismas, que apuntan que “no ha notado mejoras en la facilidad de contratación desde la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública”, según se refleja en el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
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