El tribunal considera acreditado que “quedó sustancialmente corrompido el procedimiento de adjudicación de contratos de suministro y de obras en varias Consejerías del Principado”.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 9 años de prisión y multa de 480.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Oviedo a la funcionaria Marta R.A. en el llamado ‘caso Marea’ por la adjudicación de contratos administrativos a cambio de dádivas en cuatro Consejerías del Principado de Asturias.
