TRIBUNAL DE CUENTAS. Informe nº 1310/2018: fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades dependientes de las CCAA sin OCEX propio como consecuencia de la reestructuración de su sector público

Esta fiscalización abarca las entidades dependientes de las comunidades autónomas que carecen de OCEX: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Región de Murcia. Se trata de entidades en las que la participación autonómica supera el 50% del capital o de los órganos de representación. De esta fiscalización se han excluido las universidades y sus entidades dependientes, las corporaciones de derecho público y las asociaciones, ya que no cumplen la función instrumental de la comunidad autónoma.

Tras la realización de esta informe y su aprobación por el Pleno, el Tribunal de Cuentas tiene previsto elaborar -en coordinación con los Órganos de Control externo de las comunidades autónomas-, un informe de carácter global que abarcará los resultados de las fiscalizaciones realizadas por estos Órganos, en relación con su respectivo ámbito de actuación, con el objetivo de ofrecer una información conjunta sobre los procesos de reestructuración del sector público instrumental autonómico en todo el ámbito nacional.

De resultado de la actividad fiscalizadora, el informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas, las siguientes:

  • La evolución del sector público instrumental autonómico ha supuesto, a 31 de diciembre de 2016, una reducción efectiva del número de entidades del: 36,7% en Cantabria; 60,8%, en Castilla-La Mancha; 22,2%, en Extremadura; 23%, en La Rioja; y 51% en la Región de Murcia.
  • Durante el periodo fiscalizado se ha observado que predominan de un forma relevante -si bien no por igual en las distintas comunidades autónomas-, las entidades de naturaleza privada, sociedades y fundaciones, en relación con las de carácter público; a excepción de los consorcios que, aun participando de esta última naturaleza, son también mayoritarios; se ha mantenido, por tanto, esta tendencia a pesar de las medidas de reordenación que fueron adoptadas hasta el ejercicio 2016.

El informe señala que debe tenerse en cuenta que, en general, se han venido utilizando estas entidades de naturaleza privada por cuanto implican una mayor flexibilidad y menor exigibilidad en los procesos de contratación, en las políticas de personal y en los controles económicos, en comparación con las de naturaleza pública.

  • Tras el análisis de los distintos planes, normas, medidas y acuerdos, y una vez determinadas las bajas y altas producidas de las entidades afectadas, el informe verifica que los procesos de reordenación de las cinco comunidades autónomas se han efectuado conforme a la planificación prevista en aquellos.
  • La reestructuración del sector público instrumental autonómico realizada en el periodo fiscalizado ha supuesto: 27 bajas y 4 altas, en Cantabria; 50 bajas y 5 altas, en Castilla-La Mancha; 21 bajas y 5 altas, en Extremadura; 6 bajas y un alta en La Rioja; y 49 bajas y 4 altas, en la Región de Murcia.
  • Han sido objeto de reducción todas las entidades integrantes, en la distinta tipología que configura el sector público instrumental autonómico, si bien con distinta incidencia entre ellos y en cada una de las comunidades autónomas analizadas. En este sentido, el informe recoge que las bajas de las sociedades mercantiles representan un 43,1% del total, las de las fundaciones un 24,1%, y las de los consorcios un 15,6%.
  • Respecto a las altas producidas durante este periodo: a las fundaciones corresponde un 42,1% del total y a las sociedades mercantiles, un 36,8%. En este punto, cabe destacar dos circunstancias: la creación del 42,1% de las entidades en el ejercicio 2010, y la ausencia de la misma en los ejercicios 2011 y 2016.
  • Se ha podido verificar el cumplimiento de la legalidad aplicable, tanto la normativa estatal como autonómica, sobre los procedimientos de reordenación para la extinción y creación de entidades en las distintas formas que se han llevado a cabo; si bien se han observado particularidades y deficiencias en alguno de los procedimientos de reestructuración efectuados por las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja.
  • La totalidad de las actividades que realizaban las entidades extinguidas han sido asumidas por las correspondientes consejerías de la administración autonómica o por las entidades absorbentes, con excepción de aquellas entidades que se han extinguido tras cumplir el fin por las que fueron creadas o por la imposibilidad de hacerlo, así como en aquellos supuestos de separación de la comunidad autónoma correspondiente.
  • La fiscalización ha verificado que en las cinco comunidades autónomas analizadas existían solapamientos y duplicidades en la realización de actividades que estaban atribuidas a algunas de las entidades extinguidas; este hecho que ha motivado su extinción, ha dado lugar, en determinadas ocasiones a mejoras en la eficacia, eficiencia y economía.
  • De acuerdo con la información facilitada al Tribunal de Cuentas, por parte de las comunidades autónomas, se ha podido comprobar que se ha producido una reducción de personal cifrada en 427 efectivos. Sin embargo, el Tribunal solo ha podido verificar un ahorro de 9.578.100 de euros, que correspondería a una reducción de 281; dado que la documentación analizada recogía una información global para el conjunto de personal de cada entidad, sin que hubiera un desglose del coste individual de cada efectivo, por lo que en aquellos casos en que solo se ha comprobado parcialmente el número de efectivos reducidos no es posible cuantificar el ahorro.
  • El informe señala, asimismo, que la totalidad del activo y pasivo de las entidades extinguidas en las cinco comunidades autónomas se ha traspasado a las entidades absorbentes que han asumido sus finalidades, o bien a la comunidad autónoma cuando estas no han sido objeto de asunción.
  • Todas las comunidades autónomas han mantenido correctamente el suministro de información requerido, por imperativo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en su desarrollo la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

Por último, en relación con  el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Orgánica 3/2007, en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, el informe señala que si bien, ningún plan o medida de reestructuración analizada hace una referencia expresa a la igualdad, ni en la información que las comunidades autónomas deben remitir obligatoriamente al Ministerio de Hacienda se prevé dicha referencia a la igualdad, de los resultados del análisis de los distintos procedimientos de reordenación no se desprende la presencia de actuaciones que pudieran suponer inobservancia de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

En concreto, del análisis de la documentación relativa a la reducción de personal como consecuencia de los citados procesos, se ha comprobado que se efectúo de forma equitativa, sin discriminación alguna por razón de género.

Tras los resultados obtenidos, el Tribunal de Cuentas formula, entre otras, las siguientes recomendaciones:

  • Los responsables de los procesos de reestructuración deberían disponer de documentación justificativa de los efectos económicos producidos, para facilitar su seguimiento y comprobación.
  • Las comunidades autónomas deberían publicar la información relativa a tales procesos, con independencia de la información publicada por el Ministerio de Hacienda.
  • Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de Murcia deberían valorar eventuales duplicidades e ineficiencias de entidades públicas actualmente vigentes.

-El informe se puede consultar en la página web del Tribunal de Cuentas: https://www.tcu.es/repositorio/9a8900a9-8aa8-4528-8082-e7ae5863d56f/I1310.pdf

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