• Con la Orden HAC 787/2018 de 25 de julio, el Ministerio de Hacienda, modifica, entre otras normas, la Instrucción de Contabilidad de la Administración General del Estado (AGE) para, como se pone de manifiesto en su preámbulo, incorporar, en la información sobre avales y otras garantías, las recomendaciones puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su informe sobre los avales concedidos por la AGE.

Con la aprobación de la Orden HAC 787/2018 de 25 de julio, el Ministerio de Hacienda daba cumplimiento a una de las principales recomendaciones que el Tribunal de Cuentas realizaba al Gobierno en su “Informe de fiscalización de la gestión y el control de los avales concedidos por la Administración General del Estado, ejercicios 2008-2013”.

Esta Orden -publicada en el BOE el pasado 28 de julio- implica la modificación de diversas Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda, entre ellas la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, referida a la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado (AGE), y a la que se refiere la recomendación del Tribunal de Cuentas.

Tras la fiscalización de la gestión y el control de los avales concedidos por la AGE, el Informe del Tribunal de Cuentas señalaba, entre sus conclusiones, que el modelo de información contable de la AGE establecido en las dos últimas Instrucciones de la Intervención General de la Administración del Estado, en 2002 y en 2011, tenían importantes carencias en la memoria de la Cuenta de la Administración General del Estado.

Entre ellas, no incluir detalles sobre las variaciones que se han producido como consecuencia de operaciones que han sido avaladas con diferencias de cambio o con tipos de interés variable o no informar sobre la cuantía de los avales que fueron autorizados, ni de los otorgados.

La nueva Orden incluye tres artículos y, en el tercero de ellos, se modifica  la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado, haciendo referencia, de forma concreta, al contenido de la memoria de la Cuenta de la Administración General del Estado para, como se pone de manifiesto en su exposición de motivos, dar cabida a las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas.

Concretamente, el Tribunal de Cuentas recomendaba en su informe que la Intervención General de la Administración del Estado promoviera las modificaciones normativas que fuesen necesarias para que, entre otras cuestiones, la memoria de la Cuenta de la Administración General del Estado reflejara aquellas otras garantías concedidas por el Estado -distintas de los avales- a operaciones no crediticias que pudieran comportar riesgos similares a los adquiridos mediante el otorgamiento de avales tales como las garantías del Estado para obras de interés cultural reguladas en la disposición adicional 9 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, así como  que estableciera, en relación con los avales, la diferenciación entre el riesgo por el principal y por los intereses, y que incluyera las variaciones por diferencias de cambio y por intereses variables.