El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el “Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2016”. Esta fiscalización se realiza anualmente a partir de la información de las cuentas generales, en este caso las relativas a 2016, rendidas por las entidades locales del territorio nacional a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.es), gestionada por el propio Tribunal y la gran mayoría de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX).

Como ya se hiciera en relación con ejercicios anteriores, en esta fiscalización se han analizado de forma específica las cuentas anuales de las empresas municipales, que gestionan un amplio volumen de recursos y que, como se ha verificado en años anteriores, existen en un número relevante sin actividad o con resultados negativos. Asimismo, se ha efectuado un examen más detallado del endeudamiento de las entidades locales.

En 2016 el sector público local se encontraba integrado por 12.964 entidades con obligación de rendición de cuentas, constituyendo la estructura fundamental del mismo los ayuntamientos, 8.123, que representaban el 63% del total de las entidades locales, entre ellos un número muy elevado de muy pequeña población. Resultaba, asimismo, significativo el número de entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), 3.711, que representaba el 29% del total de las entidades locales.

• En cuanto a la rendición de cuentas

El 61% de las entidades locales rindieron la cuenta del ejercicio 2016 en el plazo legalmente establecido. Este porcentaje es superior al registrado en 2015 (56%), recuperándose, de esta forma, los niveles de 2014, y contrarrestándose con ello la bajada de los mismos que tuvo lugar en 2015.

También el porcentaje de rendición de las cuentas de 2016 a 31 de diciembre de 2017 -el 76%- fue superior al de 2015 a la misma fecha -el 73%-, situación que también supone recuperar los niveles de rendición registrados en 2014.

A 31 de diciembre de 2017 no habían enviado la cuenta del ejercicio 2016, 2.796 entidades que correspondían a: 1.533 ayuntamientos, dos cabildos insulares, dos diputaciones provinciales, 380 mancomunidades, diez agrupaciones de municipios, nueve comarcas y 860 EATIM. El 20% de los ayuntamientos no había rendido la cuenta de 2016 dos meses y medio después del plazo legalmente establecido. De especial relevancia resultó que el 29% de los ayuntamientos de entre 100.001 y 500.000 habitantes y el 27% de los de entre 50.001 y 100.000 habitantes, no lo habían hecho a dicha fecha.

Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición, a 31 de diciembre de 2017, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45%. Las entidades locales del resto de comunidades autónomas, excepto Cantabria (69%), Castilla-La Mancha (65%) y Región de Murcia (62%), se situaron, a 31 de diciembre de 2017, en niveles de rendición superiores al 70%.

• En relación con el análisis presupuestario del ejercicio 2016

El gasto ejecutado por las entidades locales de las que se dispone de información presupuestaria, en el ejercicio 2016,  ascendió a 45.285 millones de euros, un 2% inferior al gasto ejecutado en el ejercicio anterior. Los ayuntamientos gestionaron el 80% del total de dicho gasto; el 16% las diputaciones, cabildos y consejos insulares; las áreas metropolitanas un 2%; las comarcas y las mancomunidades un 1% cada tipo de entidad; el resto de entidades (agrupaciones de municipios y EATIMs) gestionaron un gasto inferior al 1% del total del gasto local en 2016.

La tendencia a la contención del gasto de las entidades locales que se venía produciendo desde el ejercicio 2010 cambió en el ejercicio 2014, incrementándose el gasto local un 9%, alcanzando así los niveles anteriores al ejercicio 2010. Tras mantenerse el gasto del ejercicio 2015 en niveles similares a 2014, en el ejercicio 2016 se produjo una disminución del gasto respecto a 2015.

El gasto total del ejercicio 2016 se destinó a: bienes corrientes y prestación de servicios y gastos de personal (60% del gasto total), transferencias -corrientes y de capital- (19% del gasto total), endeudamiento -por intereses y por amortización de la deuda- (10% del total) e inversiones (11% del total).

Las áreas a las que más recursos destinaron las entidades locales en 2016 fueron: servicios básicos (35% del total) y programas de actividades de carácter general (21% del total).

En el ejercicio 2016 se mantuvo la tendencia a la baja de los gastos financieros y los de amortización, que disminuyeron un 16% y un 15%, respectivamente, en relación con 2015. Por su parte, los gastos por operaciones de capital modificaron su tendencia creciente hasta el ejercicio 2015 y, en el período 2016-2015, disminuyeron un 14%, especialmente en lo que se refiere a las inversiones reales, con una caída del 19%, siendo la reducción acumulada en este capítulo desde el ejercicio 2014, de un 8%.

En cuanto a los ingresos, en el Informe se indica que en 2016 las entidades locales se financiaron, fundamentalmente, mediante ingresos tributarios, en un 55%, y transferencias corrientes, en un 39%. El endeudamiento supuso el 3% de la financiación local. Los ingresos del conjunto de las entidades locales en ese ejercicio se mantuvieron en importes similares a los obtenidos en 2015, no produciéndose variación porcentual. Los ingresos por operaciones financieras disminuyeron un 18%, producido, fundamentalmente, por la caída en un 23% del recurso a la emisión de pasivos financieros.

El resultado presupuestario del ejercicio 2016 reflejó un saldo positivo de 3.422 millones de euros, siguiendo la tendencia que se inició en el ejercicio 2012. La solvencia de las entidades locales mostró una situación agregada positiva.

El endeudamiento en 2016 se situó en 23.418 millones de euros, lo que supone una disminución de un 13% respecto al ejercicio anterior y de un 21%  en relación con las cifras de 2014. Los ayuntamientos representaron el 87% del total del endeudamiento de las entidades locales. La proporción de endeudamiento sobre el total de ingresos corrientes del conjunto de entidades de las que se dispone de información fue de un 52%. La carga financiera en 2016 se redujo en un 16%. En términos generales, las entidades locales han tenido que destinar un menor nivel de recursos obtenidos a partir de los ingresos corrientes que en el ejercicio anterior, para atender gastos financieros y amortización de pasivos financieros.

• En relación con las entidades dependientes, en particular, con las sociedades mercantiles dependientes y las entidades públicas empresariales

En 2016, las transferencias de fondos de las entidades locales a sus entidades dependientes representaron el 52% del total de las realizadas.

La financiación ajena de las sociedades mercantiles suponía en dicho ejercicio el 43% del total del patrimonio neto y del pasivo del balance agregado. El 28% de las sociedades mercantiles dependientes y de las entidades públicas empresariales presentaron resultados negativos en sus cuentas de pérdidas y ganancias, poniendo de manifiesto la existencia de un sector público empresarial local constituido por un elevado número de sociedades con pérdidas. De acuerdo con la información de las cuentas anuales presentadas por las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, una parte de su activo corriente se financiaba con patrimonio neto y pasivo no corriente, lo cual refleja una situación favorable desde punto de vista financiero.

• En relación con la contratación administrativa

En gran medida, las entidades locales han incumplido la obligación de remitir motu proprio al Tribunal de Cuentas las relaciones certificadas de contratos o, en su caso, las certificaciones negativas que impone la normativa de contratación; sólo el 60% de las mismas lo hicieron. Tras el desarrollo por el Tribunal de Cuentas de un plan para promover su remisión en las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio, cumplió con la citada obligación el 93% de las entidades locales de estas.

En relación con la información relativa a los acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano de intervención de la entidad local, expedientes con omisión de fiscalización previa y principales anomalías de ingresos

Los órganos de intervención de las entidades locales incumplieron de forma mayoritaria el deber de enviar en plazo la información correspondiente al ejercicio 2016 -30 de abril de 2017-, haciéndolo únicamente el 36% de ellos. Este porcentaje ascendió, a 31 de diciembre de 2017, al 59%. Atendiendo a los tramos de población de los ayuntamientos, el 80% de los mayores de 20.000 habitantes habían remitido esta información, aspecto que refleja que el nivel de implantación de este deber ha sido significativo entre los órganos de intervención de las entidades locales de mayor tamaño, que son las responsables de la gestión de la mayor parte de los recursos públicos del ámbito local.

La fiscalización limitada previa se efectuaba, en la mayoría de las entidades locales, mediante la comprobación, exclusivamente, de la adecuación y suficiencia de crédito presupuestario y de la competencia del órgano que generaba el gasto, sin que, en el 55% de ellas, existiera en 2016 acuerdo del Pleno en el que se definieran otros extremos adicionales que se consideraran transcendentes en la gestión de los expedientes de gasto. Además, el 81% de las entidades locales que tenían implantado este sistema, no realizaban control posterior. La ausencia de ejercicio de actuaciones de control financiero que complementen la fiscalización limitada previa, máxime cuando esta se circunscribe a determinados extremos, evidencia un sistema de control interno insuficiente.

En el Tribunal de Cuentas se había recibido, a 31 de diciembre de 2017, un total de 42.268 resoluciones y acuerdos contrarios a reparos correspondientes al ejercicio 2016 formulados por el órgano de intervención, con un importe total que superaba los 1.876 millones de euros. La mayoría de ellos afectaban a expedientes de contratación (32% del importe total) y la causa más común de los reparos fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (61% del importe total).

De los expedientes con omisión del trámite de fiscalización previa, se habían recibido, a 31 de diciembre de 2017, un total de 6.912 expedientes correspondientes al ejercicio 2016, con un importe total que superaba los 644 millones de euros. La mayoría de ellos correspondía a expedientes de contratación (66% del importe total) y, atendiendo a la infracción cometida, a la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales (57% del importe total).

Sobre las principales anomalías de ingresos correspondientes al ejercicio 2016, a 31 de diciembre de 2017, se había recibido un total de 1.653 anomalías, con un importe total que superaba los 242 millones de euros, de las cuales más de la mitad estaban relacionadas con ingresos de naturaleza tributaria procedentes de impuestos locales y tasas.

• RECOMENDACIONES:

El Informe contiene las recomendaciones, en su mayoría reiteradas en informes y mociones anteriores y contenidas en resoluciones de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, destacándose las siguientes:

• Debería procurarse la homogeneización en la normativa estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional, así como regularse plazos de tramitación y rendición más breves, de forma que se aproxime la rendición de cuentas y, por tanto, su control a la gestión a la que hacen referencia, con criterios de transparencia y oportunidad.
• Resultaría conveniente promover las reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas, tanto de las entidades locales principales como de las dependientes, sea considerada en todo el territorio nacional requisito indispensable para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Asimismo, debería instarse a la Administración estatal y autonómica a que hagan efectivas de manera oportuna las medidas que ofrece la normativa para impulsar la rendición de cuentas.
• Habría de revisarse la normativa actual en relación al procedimiento de rendición de las cuentas generales de las entidades locales en el caso de no ser aprobadas por el Pleno de la correspondiente entidad. Habría de reforzarse, además, la capacidad de las Intervenciones Locales para la formación de la cuenta general de las entidades locales, facilitando así su rendición en plazo.
• Habrían de establecerse medidas para que el presupuesto de las entidades locales constituya un auténtico instrumento de gestión, planificación y toma de decisiones, así como de medidas estructurales que permitan garantizar la solvencia financiera de las entidades locales.
• Deberían acordarse y aplicarse medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a presupuesto y la contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información contenida en sus cuentas. También deberían llevarse a cabo por aquellas, operaciones contables y presupuestarias para regularizar los pagos pendientes de aplicación a presupuestos.
• En el marco de la reorganización y racionalización del sector público local debería revisarse la estructura del sector público local empresarial, de modo que la creación, la actuación y la permanencia de estas entidades dependientes responda, de manera efectiva, a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera.
• Las entidades locales deberían habilitar mecanismos que garanticen el envío regular al Tribunal de Cuentas de la información relativa a su actividad contractual y de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los Interventores locales, de las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como de los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

– Ver Informe: TCuentas.Informe 1282-2018.Sector Público Local.2016