Sinopsis

La crisis económico-financiera está provocando una auténtica subversión en el ámbito de la contratación pública, que tiene su reflejo no sólo en el ámbito normativo, sino también en la praxis jurídica. Desde el inicio de la crisis en España, en el año 2008, el Gobierno ha adoptado diferentes medidas en materia de contratación pública. En líneas generales, éstas no responden a un único patrón, sino que tienen objetivos y alcance muy diferentes: en un primer momento, se piensa que la solución a la crisis pasa por la inversión pública, lo que se traduce en un impulso de la contratación pública a muy corto plazo, que pasa por excepcionar la aplicación de la legislación de contratos e introducir procedimientos “ad hoc”. A partir de 2010, el punto de mira cambia: se hace necesario reducir el déficit público y sanear el endeudamiento (especialmente con proveedores y contratistas). Ello trae consigo una importante recesión de la contratación pública y la necesidad de renegociar contratos ya celebrados, que encuentran dificultades para ejecutarse en los términos establecidos (recorte de prestaciones, reducción de unidades de obra, revisión de precios a la baja, etc.). Estos y otros problemas, que traen causa en la la crisis, tienen un tratamiento deficitario en la legislación de contratos.

 Ahora bien, no todas las reformas están directamente vinculadas con la crisis. De hecho, las dos modificaciones más importantes de la Ley de Contratos del Sector Público tienen su origen en los requerimientos de la Comisión Europea para adaptar la legislación española a la normativa comunitaria (en materia de recurso especial y de modificación de los contratos). Se trata, no obstante, de un punto de partida y no de llegada. La Unión Europea está construyendo un derecho de la contratación pública paralelo, que no se acaba de cerrar (cuya última manifestación son las nuevas Directivas de 2014). A su vez, éste se va perfilando día a día a golpe de sentencias del TJUE, lo que dificulta aún más su trasposición, debido a la acusada movilidad de la jurisprudencia.

El conjunto de esas medidas altera de forma significativa el régimen jurídico de la contratación pública, dificultando su solidificación en el ordenamiento, con la consiguiente inseguridad jurídica para los operadores: nuevas normas y nuevas prácticas cambian constantemente las reglas de juego. Pero estos cambios, en parte precipitados, también abren nuevas perspectivas de estudio de la contratación pública, como son: las limitaciones a la modificación de los contratos; el impacto de la falta de liquidez de las Administraciones sobre los prestadores y proveedores; el obligado reequilibrio económico-financiero como consecuencia de la reducción de obras, de servicios y de suministros; las consecuencias derivada de la ruina de los contratistas, que acarrean, entre otros, la paralización de obras o el cierre, siquiera temporal, de establecimientos públicos; la necesaria revisión de la financiación de los contratos de colaboración público-privada; la revisión de la política tarifaria de los servicios públicos; la expansión de la contratación in house que asumen lo que antes se contrataba con terceros (objeto de críticas desde diferentes sectores profesionales); las dificultades para el desarrollo de los sistemas para la racionalización de la contratación (acuerdos marcos, sistemas dinámicos y centrales de contratación); la integración de cláusulas contractuales que contribuyan a la integración social y a la sostenibilidad ambiental; la perentoria simplificación de los procedimientos de contratación y la imperiosa necesidad de potenciar la contratación electrónica para agilizar la actividad económica.

Por encima de los problemas puntuales, la situación actual pone también en evidencia dos cuestiones de mayor calado: 1º. Que la legislación de contratos se adapta mal a la situación de crisis; y 2º. Que el Derecho comunitario está obligando a introducir cambios que colisionan con los fundamentos básicos del contrato administrativo.

En este marco se desarrolla el presente Proyecto de Investigación, que pretende estudiar todas aquellas cuestiones relacionadas con la contratación pública y la crisis económica, tanto en el ámbito de la Unión Europea, como de España.

 

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