CATALUÑA. Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático.

Artículo 29. Los departamentos de la Generalidad.

1. Los departamentos de la Generalidad y sus organismos dependientes deben:

d) Incluir en todos los procedimientos de contratación pública en que resulte adecuado a su objeto especificaciones técnicas y criterios de adjudicación específicos relativos al uso eficiente de recursos y a la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero. La cuantificación del uso de recursos y de emisiones de gases debe incluirse en el cálculo del coste de inversión, de explotación y de mantenimiento del objeto del contrato.

e) Elaborar y hacer público un informe sobre el grado de consecución de los objetivos y de las medidas correctoras que se propongan en caso de desviación. Este informe debe tener una periodicidad anual y el contenido mínimo especificado en el anexo II. El departamento u organismo que ya tenga establecido un sistema de información o declaración ambiental puede integrar el contenido que especifica el anexo II en este otro sistema”.

Artículo 35. Contratación verde.

“En el régimen de contratación de todo el sector público de Cataluña, deben establecerse criterios objetivos que, en el marco de los principios de libertad de acceso, transparencia, igualdad, objetividad y eficiencia, promuevan la contratación verde”.

ANEXO II

Contenido mínimo del informe sobre el grado de consecución de los objetivos y de las medidas correctoras a que se refiere el artículo 29.1.e)

a) Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.

b) Medidas de ahorro y eficiencia energéticos y en el uso del agua en edificios.

c) Medidas de reducción de la generación de residuos y de mejora de la gestión de residuos.

d) Grado de eficiencia energética de los edificios y las instalaciones.

e) Medidas de implantación de energías renovables.

f) Medidas de fomento del transporte colectivo.

g) Medidas para la introducción de vehículos con bajas emisiones de dióxido de carbono.

h) Actuaciones en materia de ambientalización de la contratación pública, con especial incidencia en los grupos de productos definidos como prioritarios por la Unión Europea y en los que establecen las guías de ambientalización de la Generalidad.