TACRC. Resolución nº 738/2017. Contrato de GSP de transporte regular de viajeros y transporte escolar: concesión de servicios. Exclusión de la Directiva de concesiones: régimen de recursos

Número de resolución: 0738/2017 Abre nueva ventana

Fecha Resolución: 05/09/2017

Descripción: Recursos especiales contra los pliegos de condiciones del contrato de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros por carretera por procedimiento de adjudicación directa. Inadmisión. Naturaleza jurídica del contrato: concesión de servicios. Exclusión de estos contratos de la Directiva 2014/23/UE (artículo 10). Régimen especial del Reglamento (CE) nº 1370/2007. Falta de competencia objetiva del TACRC.

Recursos especiales en materia de contratación interpuestos por diferentes empresas y asociaciones de empresas de transporte contra el pliego de condiciones del expediente de contratación “contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera” (41 lotes) y con valor estimado de 60.481.946 €, Expte: AD 2.2017, aprobado por la Dirección General de Movilidad de la Consellería de Infraestructuras e Vivienda de la Xunta de Galicia el 14 de julio de 2017.

El presente procedimiento de contratación se rige por lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CE) nº 1107/70 del Consejo; en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres(LOTT); en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT); y en el Título III de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación de Galicia.

Planteada la verdadera calificación del contrato, el TACRC sostiene, en primer lugar, que se está “ante la prestación de un servicio integral de transporte por carretera de forma unitaria, resultando artificiosa la vertebración hecha por los impugnantes entre el transporte de uso general de viajeros y el de uso especial, el transporte escolar”.

Esto es así en la medida que, en el ámbito de su competencia, la Xunta lleva a cabo la integración de los diferentes servicios en un único sistema de transporte regular de uso general de viajeros por carretera (Leyes 10/2016 y 2/2017), lo que “conlleva necesariamente que determinadas plazas puedan ser reservadas a colectivos especiales, entre ellos, los escolares, sin que ello implique una división de las prestaciones del contrato, tal y como pretenden las recurrentes”.

Definida así la unidad del objeto contractual y por ende, refutadas las tesis de las recurrentes en orden a la calificación del contrato como “mixto” en parte de gestión de servicios públicos y en parte, de prestación de servicios, “sin lugar a dudas y teniendo en consideración ya las nuevas Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE el objeto contractual ha de ser calificado como un contrato de concesión de servicios”.

“Acudiendo a las cláusulas del pliego de condiciones impugnado, con claridad meridiana se infiere que nos hallamos ante un contrato de concesión de servicios, pues se transfiere a los contratistas-concesionarios el riesgo operacional en la explotación del servicio, sin que sea óbice el hecho de que las plazas reservadas para el transporte escolar, sus tarifas sean abonadas directamente por la Administración autonómica (cláusula 3ª. Condiciones económicas)”.

Sin embargo, “se trata de un contrato de concesión del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera sujeto a la normativa especial contenida en el Reglamento (CE) nº 1370/2007, por lo que se encuentra expresamente excluido de la normativa de la DC (artículo 10.3) y por lo tanto, del régimen de los recursos especiales en materia de contratación administrativa contenidas en las Directivas comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE”.

La conclusión no puede ser otra que la inexistencia de competencia de este Tribunal para conocer de la legalidad de los pliegos impugnados.

“ha de entenderse que la remisión que la cláusula 1.11ª del Pliego de condiciones hace a los recursos administrativos contenidos en los artículos 114 y 123 de la LPAC en relación con el artículo 211.4 del TRLCSP, resulta conforme a Derecho”; lo que “obliga a reconducir los recursos especiales interpuestos a sendos recursos potestativos de reposición ante el órgano de contratación, facultativos al auxilio ante los órganos jurisdiccionales, mediante la impugnación de los pliegos de condiciones ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículos 123 LPAC y 211.4 del TRLCPS)”.

En última lugar, como obiter dictum, el Tribunal examina el fondo del asunto, afirmando que

“la adjudicación directa reflejada en la cláusula 1.4 del pliego de condiciones impugnado goza de la suficiente cobertura en la norma comunitaria (artículo 5.5 del Reglamento (CE) nº 1370/2007) y en la norma interna (artículo 76.2 de la Ley gallega 2/2017), quedando debidamente motivada la situación de emergencia que ha abocado a esta forma de adjudicación directa y cumpliendo el contrato de concesión de servicios con el elemento reglado de su duración, no superior a dos años”.

– Ver resolución: TACRC.Res 738-2017.Concesión servicios.Transporte