TACP Madrid. Resolución nº 196/2017. Contrato de servicios: protección y seguridad integral. Condición especial de ejecución: obligatoriedad del convenio colectivo estatal

Resolución: 196/2017
Fecha: 05/07/2017
Desestimación de recurso contra pliegos de contratos de servicios que incluyen como condición especial de ejecución el cumplimiento del convenio colectivo del sector. Examen de la posibilidad de inclusión de cláusulas sociales como condición especial de ejecución.

Recurso nº 179/2017

Recurso interpuesto por la Asociación de Compañías de Seguridad Privada (ACOSEPRI), contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato denominado “Servicio de protección y seguridad integral, a prestar en determinadas instalaciones gestionadas por la sociedad mercantil municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (Faro de Moncloa, Palacio Municipal de Congresos, Caja Mágica, Recinto Ferial Casa de Campo y Daoiz y Velarde)”.

Se fundamenta el recurso en la nulidad de la obligatoriedad establecida en los Pliegos de efectuar la oferta económica en atención a la tabla salarial publicada en el convenio colectivo estatal para las empresas de Seguridad.

El TARCMadrid diferencia el establecimiento de cláusulas sociales como criterios de valoración de la inclusión de la misma como condiciones de ejecución del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 118 del TRLCSP. Al respecto, afirma que:

“en el caso de que nos hallemos ante un criterio de adjudicación el parámetro de su vinculación al objeto del contrato debe necesariamente examinarse a la luz de la función específica de los criterios de valoración distintos del precio, cual es añadir calidad al producto o servicio por encima del mínimo exigido en los pliegos de forma valorable, elemento que como hemos reproducido, la Sentencia considera no presente. Esto no obstante, cuando hablamos de condiciones de ejecución del contrato no se trata de añadir calidad, por lo que no se trata de acreditar que la prestación será mejor cualitativamente hablando, sino que tiene por objeto garantizar que las prestaciones objeto del contrato se ejecutarán en la forma requerida por el órgano de contratación. Se trata por tanto de acreditar las posibles afecciones a la ejecución  contractual que por su naturaleza futura necesariamente son inciertas aunque sean posibles”.

La resolución hace un análisis de la doctrina y marco normativo, destacando la tendencia favorable a la inclusión de criterios sociales en la contratación, y sobre las condiciones especiales de ejecución permitidas. En cuanto al caso que se enjuicia sostiene que:

“si bien pudiera en principio considerarse más oportuno el establecimiento de este tipo de cláusulas mediante criterios de adjudicación en cuanto dejan la opción en manos de los licitadores, no cabe desconocer en este caso la realidad del sector a que se aplicaría la medida, expuesto por el órgano de contratación y la obligación de subrogación por convenio que podría suponer conflictividad laboral si los trabajadores vieran mermados sus ingresos salariales como consecuencia del cambio de licitadora.

            En consecuencia, concluye que, a su juicio, “nada obsta para que, siendo suficiente el importe de licitación establecido para cubrir dichos costes, se establezca como condición de ejecución la referencia al salario que debe pagarse como mínimo a los trabajadores”. Lo que le lleva a desestimar el recurso interpuesto.

– Ver resolución: TACPMadrid.Res 196-2017

– En el mismo sentido Resolución TACP Madrid 211/2017: TACP.resolucion-211-2017.Cláusulas sociales